Por: Luis E. Forero Medina - Abogado/Especialista en Saluderecho

En Perú se han registrado más de 50 asesinatos de periodistas desde 1982,  y hasta la presente la mayoría de los casos sigue "impune", según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Los responsables continúan sin castigo, y sin reparación a las familias de los comunicadores víctimas de atentados.

Hoy  la libertad de prensa y expresión sigue en entredicho y amenazada aún más por proyectos de ley retardatarios que cursan en el Congreso de la República.

El "Proyecto de Ley que protege las libertad y derechos informativos de la población", persigue "intimidar a la prensa y restringir la independencia editorial de los medios", indicó la SIP. Y no es solo uno, sino varios proyectos de ley que tienen en la boca del lobo al derecho de opinión. Los proyectos, siete en total, han sido presentados por Fuerza Popular.

 

También es enemigo del artículo 19 de la Declaración de los Derechos del Hombre, el Poder Judicial que con su lentitud deja envejecer las investigaciones por los crímenes contra los periodistas peruanos; y con su particular interpretación de la ley absuelve a los implicados, o no hace nada para investigar hasta el fondo hasta encontrar los responsables intelectuales y materiales. Los jueces “a veces tienen la intención de frenar investigaciones periodísticas sobre corrupción”.

Durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, iniciado con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992;  toda la sangre derramada fue borrada por  Fujimori al expedir una ley de amnistía a los militares que habían participado en abusos de derechos humanos. Recién empezado este siglo, se nombró  la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR),  que se ha encargado de desempolvar expedientes archivados, reconstruir historias y recibir testimonios para que la opinión pública conociera el horror que ocurrió en esos años.

Varios de los periodistas asesinados bajo el pretexto de combatir a Sendero Luminoso,  resultaron carne de cañón de uno y de otro bando durante la noche oscura peruana, de 1980 al año   2000; constituyéndose en  “el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República”, conforme a la CVR.

Llevan el sello del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, continúa diciendo la CVR,   “el acoso al periodismo independiente, y el sometimiento y perversión final de la mayoría de medios de comunicación”, entre otros.

 

Los ocho periodistas  fueron atacados a machetazos hasta causarles la muerte el 26 de enero de 1983, al ser  confundidos con terroristas de Sendero.

En  la visita a Lima en mayo  pasado, la SIP discutió con representantes del Estado temas referentes a la  violencia contra periodistas; impunidad de los asesinatos; la descriminalización de los delitos de difamación y  la propiedad de los medios.

Para garantizar la plena vigencia del derecho de  libertad de prensa y expresión, el Estado peruano el año pasado  de alguna manera para contener la presión internacional,  expidió la  Ley Nº 27806, o  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Simultáneamente creó la Autoridad Nacional de Transparencia y acceso a la información pública, calificada por la SIP como un ente que “le falta autonomía”.

En la mayoría de los países de la Región la infamia es una conducta civil; en el Perú es un delito; y que sepa ninguno de los Congresos de la República de los últimos años se ha preocupado por cambiar dicha legislación, que  “permite que los periodistas puedan trabajar con mayor libertad sin temor a sufrir cárcel".

La UNESCO promueve activamente la seguridad de todos los periodistas y considera que tienen derecho a trabajar libres  de  toda  amenaza de violencia  ha expresado que ”no se debe permitir que la violencia silencie a quienes reportan o documentan cuestiones que atañen a la sociedad ni que el asesinato nos prive del fruto de su labor".

Acerca de la persecución a los comunicadores en el Perú,  el presidente de la República ha dicho sin vacilaciones que “tenemos que terminar con esto y entrar en un nuevo capítulo de la libertad de expresión”.

@luforero4