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Sicariato será sancionado con pena mínima de 25 años de cárcel

"El sicario lo va a tener que pensar dos veces, no habrá beneficios y las sanciones serán muy duras.”

En el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, para luchar contra la inseguridad ciudadana, el Gobierno promulgó el decreto legislativo que incorpora el delito de sicariato al Código Penal.

El autor de este delito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años. Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario.

La pena se elevará  a 35 años si la conducta descrita en el sicariato, se comete valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta; para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal; cuando en la ejecución intervienen dos o más personas.

También cuando las víctimas sean dos o más personas; cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A y 108-B primer párrafo del código penal; y cuando se utilice armas de guerra.

La norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano, define el delito de sicariato como “el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole”.

Asimismo, se sanciona la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años. La norma precisa que la pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez años, si las conductas antes descritas se realizan con la intervención de un menor de edad u otro inimputable.

Otro decreto legislativo publicado hoy en el diario oficial regula las recompensas a ciudadanos que brinden información oportuna e idónea para buscar y detener a miembros de una organización criminal o de organizaciones terroristas, así como a otros presuntos delincuentes.

La norma traslada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la creación de sendas comisiones evaluadoras de recompensas para el terrorismo y la criminalidad.

El Gobierno peruano promulgó los decretos legislativos al amparo de las facultades legislativas otorgadas en junio por el Congreso para que durante noventa días apruebe normas en materia del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado.






 

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