LIMA - Para uno de los agraviados en la denuncia por lavado de activos contra familiares y otros allegados al excongresista Wuilian Monterola Abregú, el congelamiento del caso en el Poder Judicial plantea, además, un caso de corrupción o tráfico de influencias que se estaría dando desde el Congreso de la República, auspiciado por el legislador de la bancada mayoritaria de ese poder del Estado.

La abogada Elizabeth Segura Marquina, apoderada de Constructora e Inversiones V & E SAC planteó la sospecha ante el virtual bloqueo del caso que impide la apertura del proceso judicial, tras un informe inculpatorio de la Fiscalía.

De acuerdo al auto de procesamiento (Expediente 09573-2015), los denunciados habrían transferido, ocultado, custodiado, retirado y mantenido en su poder dinero ilícito por los montos de US$ 300,000, US$ 500,000 y US$ 10,000, lo que sustenta la denuncia por lavado de activos, es decir actos de conversión y ocultamiento, en agravio del Estado, y contra el patrimonio, fe pública y falsedad genérica, en agravio de la empresa V & E SAC.

El expediente consigna que el 7 de agosto de 2015 el 54 Juzgado Penal de Lima abrió proceso penal a Rosana Gloria Monterola Abregu, Lorenzo Manuel Salazar Castillo, Mirta Varas Quesada, Julio Yreno Monterola, Paulo Huertas Fernández y Victoria Mabel Balarezo, sindicados como los “supuestos testaferros del parlamentario Monterola”, pero han transcurrido 13 meses y sigue sin definirse en qué Juzgado Penal o Sala Penal se verá el proceso.

Simularon actos jurídicos

La denuncia añade que la hermana del legislador habría concertado voluntades con su codenunciados para suscribir con Mirtha Varas Quezada (gerente de la empresa Compas Industrial) un mutuo con garantía hipotecaria entregándole 300 mil dólares, de un terreno de la empresa en mención.

Al no inscribir la transferencia en la Sunarp, volvieron a celebrar otro contrato mutuo con la misma empresa, pero esta vez con participación de Julio Yreno Monterola por el monto de 500 mil dólares, generando una hipoteca por 800 mil dólares.

Luego, ante el supuesto incumplimiento de la otra parte, realizaron una tercera maniobra, a través de una minuta y escritura pública de dación de pago, con la cual de manera ilícita lograron inscribir la propiedad a favor de la que supuestamente celebró el contrato, es decir, Rosana Monterola, agrega el expediente.

Dinero ilegal

Según el auto de procesamiento existen “indicios razonables que hacen presumir que la hermana del congresista Monterola habría sido favorecida al haberse realizado una dación en pago sin haber tenido en cuenta la procedencia del dinero entregado a la gerente general de Compas Industrial, Mirtha Varas Quezada, evidencia plasmada en el dictamen pericial contable 062-2015.DIRINCRI-PNP-OFIPECON”, del 21 de marzo del 2,015.

La situación de Rosana Monterola se agrava aún más debido a que no puede justificar de dónde salieron los 300 mil dólares para la operación, pues el 2007 solo obtuvo ingresos por S/. 144,362 soles.

Procuradora Julia Príncipe

Los hechos se remontan al año 2013, cuando una investigación dirigida por la entonces procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, puso en evidencia que la hermana del parlamentario fujimorista, Rosana Monterola Abregú, su sobrino Julio Yreno Monterola, y sus socios Mirtha Varas Quezada y Paulo César Huertas Fernández, incrementaron su patrimonio,

Tal incremento, dicen los documentos del caso, fue producto de los fraudes que vendrían realizando “a terceras personas, bajo la modalidad de simulación de actos jurídicos apropiándose de propiedades de terceros; siendo financiados por Wuilian Monterola Abregú”.

Además

El Ministerio Público señaló que la modalidad usada para las operaciones de la compra del mencionado terreno no es novedosa, pues ha sido empleada antes, por ejemplo en el Caso Orellana. De otro lado, teniendo en cuenta la inmunidad parlamentaria del congresista Wuilian Monterola, la 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima remitió a la Fiscalía de la Nación copias de las denuncias por lavado de activos en su contra, “a efectos de que proceda conforme a sus atribuciones”, lo que ameritaría un pronunciamiento del fiscal Pablo Sánchez..

Fuente: Diario Uno