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Un nuevo informe afirma que Perú no está preparado para ser miembro de la OCDE

UNA VIEJA DEUDA IMPAGADA.

Critica el impago del país de los bonos de la deuda agraria, la escasa información financiera, el débil Estado de derecho y el incumplimiento de los «valores fundamentales» de la OCDE.

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200 fondos de EE UU reclaman el pago de 5.000 millones de dólares por unos bonos que se dieron tras la expropiación de tierras entre 1969 y 1979 por los gobiernos militares. Foto: Juan Velazco Alvarado, jefe de la junta militar de Gobierno 1969.

Un grupo de inversores liderados por varios fondos de pensiones estadounidenses han remitido una carta a Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que denuncian que Perú no está en condiciones de ser miembro de esta institución por el impago de su deuda.

En concreto, los acreedores denuncian los “reiterados incumplimientos” del país andino a la hora de hacer frente a las obligaciones relacionadas con los denominados Bonos de la Reforma Agraria.

Entre 1969 y 1979 se expropiaron casi 10 millones de hectáreas de tierra a cambio de unos bonos

En muchos casos, según los demandantes, la deuda nunca fue reembolsada. El valor de la deuda, según el último cálculo realizado, superaría los 5.000 millones de dólares. Hasta el 20% de los bonos en circulación están ahora en manos de inversores internacionales, incluidos casi 200 fondos de pensiones de EE UU. El resto de la deuda corresponde a más de 5.000 familias peruanas.

La carta incluye un informe realizado por Hans J. Blommestein, responsable de la dirección de deuda pública de la OCDE entre 2001 y 2016, que concluye que los bonos aún se encuentran impagados y representan deuda soberana legítima. “Instamos a que se suspenda la candidatura que Perú ha presentado para ser admitido como futuro país miembro en el seno de la OCDE, al menos hasta que el país, en su informe financiero, brinde información veraz sobre el monto de la deuda representada por los Bonos de la Reforma Agraria, y resuelva la situación que atañe a la deuda aún pendiente de pago”, argumentan los demandantes.

El informe de 37 páginas, concluye que «no se debe considerar a Perú como un candidato viable para ser miembro de pleno derecho de la OCDE» y cita numerosas razones, como:

- El impago selectivo, mantenido durante varias décadas, de los Bonos de la Reforma Agraria soberanos y su «negativa a proporcionar una compensación justa» por esos bonos, a pesar del hecho de que la devolución de la deuda parece distar mucho de ser imposible para Perú».

- El hecho de que Perú no haya informado adecuadamente del impago a organizaciones y reguladores internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) y la Bolsa de Luxemburgo; y

- Las «carencias de Perú en los que respecta a integridad pública...en particular, su compromiso con el estado de derecho, los derechos humanos y la transparencia». El informé critica que el presidente Kuczynski se haya apoyado recientemente y de forma continuada en una sentencia errónea emitida en 2013 por el Tribunal Constitucional peruano sobre los bonos impagados, que actualmente está siendo investigada tanto en el Congreso como a nivel penal.

La apelación de los tenedores de Bonos a que una compañía en default no puede entrar en la OCDE es interpretada como una medida de presión para que el Gobierno de Lima acepte una negociación.

 
« El comportamiento de Perú demuestra, en general, que no tiene la capacidad de participar en el proceso de adhesión a la OCDE. En particular, no está preparado para fomentar los principios básicos de la OCDE. »


La admisión en este organismo es una de las prioridades del país en materia de política internacional, tal y como han señalado altos funcionarios del Ejecutivo en diferentes ocasiones. De hecho, poco después de haber asumido su cargo en 2016, el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, anunció que Perú espera formar parte de la OCDE en 2021.


“El presidente Kuczynski no ha tomado ninguna medida para anular el fallo de 2013 del Tribunal Constitucional. Ni si quiera lo ha denunciado públicamente a pesar de que existen pruebas irrefutables que este fallo es el resultado de un comportamiento fraudulento”. Los bonistas recuerdan, además, que Perú no ha informado acerca de la existencia de esta deuda al Fondo Monetario Internacional, al supervisor bursátil estadounidense (SEC, según sus siglas en inglés) y a la Bolsa de valores de Luxemburgo.
 

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