El primer ministro Luis Galarreta propuso como medida para descongestionar los penales en el Perú llevar a reclusos sentenciados por delitos menores a nuevos espacios de reclusión. Esto incluye a los condenados por alimentos u otras personas que no estén en prisión por delitos de alta peligrosidad.

Para eso, Galarreta indicó que, "mientras estas nuevas instalaciones se hacen realidad", esos reclusos serán trasladados a los cuarteles en desuso de las Fuerzas Armadas previa coordinación y vía convenios.

“Estos internos serán trasladados desde los actuales establecimientos penitenciarios, lo que permitirá reducir el hacinamiento, mejorar el control interno y recuperar progresivamente el principio de autoridad del Estado en las cárceles. El objetivo es claro: en los penales debe mandar el Estado, no las organizaciones criminales”, señaló Galarreta.

Asimismo, el excongresista aseguró que se instalarán arcos detectores de seguridad en los establecimientos penitenciarios con la finalidad de reforzar los controles y evitar el ingreso de objetos y dispositivos prohibidos. Sin embargo, no precisó cómo se financiarán estas herramientas de seguridad.

De igual forma, el primer ministro informó que se solicitó la participación excepcional de las FF.AA. para la seguridad externa y en el apoyo operativo en los establecimientos penitenciarios. Aseguró que los militares no reemplazarán a la Policía Nacional del Perú (PNP) ni a la autoridad penitenciaria, "pero aportan sus capacidades cuando la gravedad de la situación lo exija y la Constitución lo permita".

Expertos cuestionan propuesta de Galarreta y plan del Gobierno de Keiko Fujimori

En diálogo con La República, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, explicó que la medida de tener nuevos establecimientos penitenciarios sí es posible, pero afirmó que conllevaría mucho tiempo para que se concrete. Asimismo, propuso que lo que debe haber es una reforma penitenciaria y que las personas que están recluidas por alimentos deberían salir para trabajar para sustentar a sus familias.

"En todos los delitos no violentos, como corrupción, que hayan cumplido 3/4 partes de condena, se pueden liberar bajo ciertas normas de conducta. Y si vuelven a retirar el delito o no pagar alimentos, se volvería un agravante y volverían a prisión", sostuvo.

Al ser consultado por el rol de las Fuerzas Armadas para resguardar a los reclusos, Valdés aseguró que el personal "no está dentro de las facultades de las FFAA cuidar penales”. “No sé lo que van a hacer, pero no están preparados ni facultados”, dijo.

Por otro lado, señaló que adecuar un cuartel del Ejército tomaría poco más de 6 meses. "Toma tiempo, no es de la noche a la mañana. No se puede trasladar a cualquier interno a un cuartel; el interno que está en un proceso y no tiene sentencia no se puede llevar a cualquier parte. No puede disponerse de los reclusos porque tienen derechos, no son un objeto”.

Además, indicó que a un recluso de baja peligrosidad no se le pueden cortar las visitas a sentenciados, pero a los residentes sí.

"Me ha parecido un discurso con pocas ideas; (Galarreta) ha reiterado de forma aburrida lo que dijo la presidenta el 28 de julio (...) Todas son medidas paliativas de corto plazo. Invertir 19 millones contra las extorsiones es para el próximo año; solo proponen carros", añadió.

En tanto, el experto propuso un sistema de rayos X con arcos de detectores de metales en los penales con la finalidad de detectar chips u otros objetos. En esa línea, planteó que esa labor sea derivada a un tercero del sector privado “para que se puedan hacer cargo; tienes que dejar fuera de esto al INPE”.

Por su parte, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, mencionó que la idea de usar los cuarteles para las personas de baja peligrosidad es una idea que viene rondando desde hace años y aseguró que es una buena iniciativa. Sin embargo, recalcó que ubicar el cuartel y cederlo al INPE para que realice las correcciones correspondientes podría llegar a tardar hasta dos años.

“Esto tiene que ir de la mano de trabajadores penitenciarios. A pesar de que esto se produzca en un cuartel militar, deja de serlo y pasa a ser un centro penitenciario y es administrado por el INPE”, explicó.

No obstante, Pedraza consideró que es un “desconocimiento” que se pretenda usar a los militares para el resguardo del perímetro de un centro penitenciario.

“Los militares, por mandato constitucional, tienen el resguardo de las fronteras y servicios públicos básicos cuando se les autoriza. Es un despropósito total y de desconocimiento no saber cómo funcionan las cárceles. No tienen ningún sentido usar recursos públicos y a las FFAA para el control de perímetro de un penal porque no se necesita en lo absoluto. Yo veo que la dinámica de introducir militares es un desconocimiento absoluto, es un asunto de falta de infraestructura; no se construyen penales desde el 2015, hay problema de sobrepoblación”.

Mientras tanto, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, cuestionó al Gobierno de Keiko Fujimori por tener "una mirada equivocada y fantasiosa" del número de militares con los que cuenta el Perú. Apuntó que los efectivos cuentan con diversas labores propias de su gestión, como la seguridad nacional.

"Han dicho que los militares van a cuidar los perímetros de los penales; hay 69 penales en el Perú, y no tenemos un problema de fuga, es muy marginal las fugas; no hay problema con que las cuiden, pero no imaginemos que hay un gran número de militares, se están autoengañando", detalló.

Al ser consultado por las declaraciones de la presidenta Fujimori, quien indicó que la inseguridad no se resolvería en 15 días y que el ministro del Interior, César Astudillo, declaró en el Congreso que en una semana no se lograría ello, Basombrío señaló: "Lo que no están diciendo es que ellos anunciaron que lo iban a hacer; lanzaron el Plan Escudo, que fue un desastre; son ellos los que han ofrecido esos resultados con los transportistas y siguen fantaseando con estas cosas".

Por otro lado, el extitular del Mininter coincidió con Valdés al señalar que los arcos de detección que hay en los penales se deben tercerizar con empresas privadas, tal como sucede en el aeropuerto. “Con la tecnología de ahora, eso detecta hasta un chip”.

Fuente: La Republica - Exitosa