El sobrino consentido de Pedro Castill podrá dejar la clandestinidad y ser investigado en libertad.

La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en primera instancia contra Gian Marco Castillo Gómez por el Caso Puente Tarata. En consecuencia, se dispuso levantar su orden de ubicación y captura.

En lugar de la prisión preventiva, el colegiado le impuso a Castillo Gómez comparecencia con restricciones, por lo que deberá asistir a las diligencias dispuestas por la fiscalía y el Poder Judicial y pagar una caución de S/50 mil. Asimismo, no podrá ausentarse de su lugar de residencia sin permiso de la corte ni comunicarse con sus coprocesados o con testigos del caso.

La misma resolución, que tiene fecha del 6 de mayo pero que se hizo pública ayer, confirma la orden de prisión preventiva dictada en abril por el juez Manuel Chuyo para otros seis investigados por este caso.

Estos son Fray Vásquez Castillo –también sobrino del jefe del Estado y primo de Castillo Gómez–, el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera Adrianzén y los exfuncionarios de Provías Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas.

Sin embargo, la sala dispuso reducir la orden de 36 meses a 24 meses, cambio que había sido sustentado por la propia fiscalía superior anticorrupción durante la audiencia del 4 de mayo, cuando se debatió la apelación.

#LoÚltimo Segunda Sala Penal de Apelaciones de @CSJdeLima varió a 24 meses la prisión preventiva contra Bruno Pacheco y otros, luego de escuchar a los los abogados de la defensa y que @FiscaliaPeru acogiera dichos argumentos y asumiera similar posición.https://t.co/2M8yBTfTiG pic.twitter.com/9Jjpm8ct9U

— CSJ de Lima (@CSJdeLima) May 10, 2022

Los argumentos de la sala

La decisión de revocar la orden de prisión no fue unánime. Los jueces superiores Bonifacio Meneses y Sonia Bazalar dispusieron la variación. El tercer integrante de la sala, el magistrado César Vásquez, votó para que la medida restrictiva sea ratificada en 24 meses.

Los dos primeros jueces sostuvieron en la resolución que la declaración de Karelim López que implica a Castillo Gómez en supuestas injerencias para la licitación a favor del consorcio Puente Tarata III no fue corroborada con el testimonio de un colaborador eficaz, como sí ocurrió con el otro sobrino del mandatario, Fray Vásquez Castillo.

También argumentaron que no se descarta que Castillo Gómez haya acudido a reuniones previas a la licitación como conductor del vehículo donde se trasladaba su primo Fray Vásquez.

Además, hicieron una referencia a su edad al momento de los hechos, 23 años, y a que ninguno de los procesados ha dicho que él mismo “tomaba algún tipo decisión” en los hechos investigados. Añadieron que esto se aclarará en el proceso, pero que las evidencias hasta el momento “no permiten determinar una sospecha fuerte” de su parte.

Por ese motivo, no se puede dictar prisión preventiva, al margen del riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia. Los jueces citaron luego a Villaverde, quien dijo que entregó vehículos para su uso a Vásquez Castillo y que “no le dio nada” a Castillo Gómez.

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Finalmente, indicaron que el propio abogado que defendió en conjunto a los sobrinos de Pedro Castillo “señaló que, en efecto, el que tiene mayor responsabilidad es su defendido Fray”.

En tanto, el tercer juez sostuvo en su voto discordante que sí hay sospecha suficiente para dictarle prisión preventiva, así como riesgo de fuga y obstaculización.

La resolución completa en Scribd