El Congreso de la República comunicó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la decisión del Pleno, del último viernes 16 de abril, de inhabilitar al exmandatario Martín Vizcarra de la función pública por 10 años.

Es así que por medio de un oficio dirigido al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, la titular del Parlamento Nacional, Mirtha Vásquez, informó a la institución sobre la aprobación, con 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, del Congreso de impedir que Martín Vizcarra ejerza sus funciones tras ser electo legislador de Somos Perú para el periodo 2021-2026.

Asimismo, se ratificó la decisión tomada por la Comisión Permanente de aprobar el informe final contra Vizcarra Cornejo para inhabilitarlo, luego de conocerse su vacunación irregular con las dosis extras de Sinopharm cuando estaba en la presidencia.

Por consiguiente, el oficio, que tiene las firmas de los titulares de la Mesa Directiva, hace de conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones sobre la inhabilitación del ex jefe de Estado con el objetivo de que “se adopten las acciones que correspondan, de conformidad con sus atribuciones”.

En la sesión del pasado viernes, también se aprobó la inhabilitación de las exministras de Salud y Relaciones Exteriores, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, quienes también fueron inoculadas de forma irregular contra la COVID-19.

En el caso de Mazzetti Soler, no podrá ejercer cargos públicos por ocho años, mientras que Astete Rodríguez, por un año.

Vizcarra podría ingresar al Congreso con acción judicial

Pese a la aprobación para inhabilitarlo, Martín Vizcarra podría ingresar al Congreso con una medida cautelar o una sentencia de acción de amparo.

Vizcarra no es el primero que recurre al sistema judicial nacional o internacional para evitar o anular una decisión del Parlamento. El caso más conocido es del expresidente Alan García, quien a través de un amparo paralizó toda la megainvestigación a su segundo mandato presidencial.

El exlegislador Javier Diez Canseco también logró revertir, en el Poder Judicial, una sanción de suspensión que se le impuso, aunque la sentencia se dictó cuando él ya había fallecido.

Incluso puede reclamar el pago de sueldos devengados. La congresista Martha Chávez reingresó al Congreso en diciembre del 2005, luego de que, en junio del 2002, fuera suspendida por delitos que no cometió. Al regresar, se resolvió pagarle un millón de soles de sueldos devengados durante el tiempo que no pudo ejercer su labor parlamentaria.