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Congreso: Pedro Castillo y sus maniobras dilatorias concertadas que entorpecen investigaciones

El expresidente y exactivista sindical no se presentó ayer miércoles en las sesiones de la Comisión de Fiscalización ni en la de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para rendir sus declaraciones testimoniales.

Cuenta con las maquinaciones de Anibal Torres, Betssy Chavez y otros aliados internacionales para hacer dificil lo que es facil.
Cuenta con las maquinaciones de Anibal Torres, Betssy Chavez y otros aliados internacionales para hacer dificil lo que es facil.

 

El exjefe del Estado debía presentarse el ayer miércoles en la Comisión de Fiscalización y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para dar su testimonio sobre el Caso Anguía y los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre del 2022.

 

En la primera sesión, programada para las 9 a.m., el exjefe del Estado debía responder en la investigación del Caso Anguía, donde están involucradas personas vinculadas a su familia. Mientras que en la Subcomisión se esperaba su testimonio respecto a lo ocurrido el pasado 7 de diciembre del 2022, esto en relación con la denuncia constitucional 328 formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Los tres son señalados como coautores del presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración.

 

Dilaciones

 

Eduardo Pachas, abogado del expresidente Castillo, dijo que su patrocinado tuvo este miércoles tres audiencias programadas a la misma hora: en la Comisión de Fiscalización, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y una diligencia fiscal.

 

En un primer momento, informó ante Fiscalización que Pedro Castillo estaba “a la espera de esta sesión [de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales] y también está en espera de que el fiscal encargado sea atendido”. Por ello, lo excusó de presentarse en el referido grupo de trabajo.

 

“Pedro Castillo está presente. [...] Está en el penal Barbadillo, yo estoy en Barbadillo”, afirmó Pachas. Sin embargo, aunque el congresista Héctor Ventura, presidente del grupo, insistió dos veces para que el expresidente encienda la cámara de la sala virtual, el pedido no fue atendido.

 

El último martes, la congresista Katy Ugarte (Bloque Magisterial) había remitido un oficio a Ventura informándole que el expresidente solicitaba participar en la sesión de manera presencial.

 

Oficio enviado por la congresista Kathy Ugarte al congresista Héctor Ventura.

 

Pachas solicitó a la Comisión de Fiscalización que la sesión sea reprogramada y que además se le haga entrega de “los anexos y carpeta” con la información para ejercer su derecho a la defensa.

 

El congresista Ventura informó que se fijará una nueva fecha para obtener la declaración testimonial del expresidente, sea de manera presencial o acudiendo al penal de Barbadillo. Sin embargo, consideró que esta actitud del exjefe de Estado tiene fines dilatorios.

 

“Castillo y su abogado están tratando de dilatar las investigaciones, obstruir la sesión de la comisión y, como lo ha hecho en el Caso Sarratea, que ha obstruido en todo momento el desarrollo de las actividades de indagación y fiscalización”, consideró Ventura.

 

Más tarde, Eduardo Pachas presentó las mismas declaraciones ante la Subcomisión. Aunque había indicado a la Comisión de Fiscalización que Castillo estaba “a la espera” de la sesión de la Subcomisión, tampoco se presentó para brindar su testimonio.

 

 

“Hemos presentado un recurso solicitando se modifique la fecha y hora porque hay tres diligencias programadas a la misma hora, el mismo día, siendo materialmente imposible ejercer las tres defensas de forma simultánea”, arguyó Pachas en la Subcomisión. Insistió también en que el expresidente se pueda presentar de manera presencial.

 

Sin embargo, la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión, informó que el 8 de febrero Pedro Castillo fue notificado para presentarse en la sesión que se realizó este miércoles. El documento había sido recibido y firmado por él. “Sabemos que Castillo en este momento no está teniendo ninguna audiencia. Que en Fiscalización no está dando declaración y en la fiscalía. Él está habilitado para que pueda presentarse en la audiencia y pueda presentar su declaración testimonial”, añadió Camones.

 

Finalmente, rechazó que la declaración de Castillo pueda realizarse de manera presencial. “Está privado de su libertad, es imposible de atender [el pedido]”, zanjó Camones.

 

Pachas insistió en que ha sido “materialmente imposible estar preparado para tres diligencias para la misma fecha y hora” y mostró que su defendido tampoco estaba conectado a la sala virtual de la sesión.

 

“Castillo no está en la plataforma porque hemos pedido que se suspenda en la línea que tenemos que preparar la defensa. No es que si está o no conectado, es que los expedientes se estudian”, dijo Pachas.

 

En otro momento, el abogado intentó cuestionar que las preguntas dirigidas a los citados a la audiencia estaban dirigidas a calificar al expresidente como autor de presuntos delitos. “Las preguntas que se le hacen a las personas que declaran lo ponen como principal imputado y la comisión de un delito”, sostuvo Pachas.

 

La congresista Susel Paredes (no agrupada) cuestionó las “maniobras dilatorias sistemáticas y consecutivas” del expresidente Castillo. “En aras de la transparencia del proceso, todos están viendo que cada vez que al expresidente Castillo le corresponde asistir, pone un pretexto. Ahora quiere venir en persona. Qué quiere hacer, ¿un circo? Eso no se puede permitir. Son pretextos, justificaciones que no corresponden”, reclamó Paredes.

 

A la salida de la audiencia, la congresista Camones insistió en que esta acciones dilatorias tiene “el ánimo repetitivo de no colaborar con la justicia”.

 

Insiste en negar el golpe de Estado

 

En la audiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentaron sus testimonios los exministros Gustavo Bobbio, Aníbal Torres y Daniel Barragán. Estuvieron presentes las defensas de los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. La exministra Betssy Chávez no asistió ni estuvo presente su defensa, eso pese a la notificación remitida.

 

En su declaración testimonial el exprimer ministro Torres relató la participación que tuvo el pasado 7 de diciembre del 2022 en Palacio de Gobierno, cuando Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso, entre otras medidas, constituyendo un golpe de Estado.

 

Pese a ello, Torres insistió en varios momentos de la audiencia que “está determinado que no hubo golpe de Estado” porque el expresidente no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional.

 

Según Torres, una vez que el exjefe de Estado concluyó el mensaje a la Nación el pasado 7 de diciembre, se acercó a él para preguntarle si había coordinado con las FF.AA. y la policía. “Me contestó ‘no se preocupe doctor’, pero no lo veía en buena situación. Le pregunté al ministro del Interior si la policía intervendría el Congreso, me dijo que no sabía nada. Al de Defensa si iban a salir las Fuerzas Armadas, me dijo que no sabía nada”, refirió el exministro.

 

Añadió que el expresidente se acercó a él para informarle que llevaría a su familia a la Embajada de México, por lo que lo acompañó en el vehículo que los conducía a este recinto.

 

También dijo desconocer la razón por la que había sido convocado el 7 de diciembre a Palacio de Gobierno. “Nunca nos imaginamos que el mensaje sería para cerrar el Congreso”, indicó.

 

Debido a que Torres considera que no hubo un documento que ordene el cierre del Congreso ni una previa coordinación con fuerzas del orden que avalen el golpe de Estado, este no existió.

 

“El delito de rebelión, como han dicho juristas, significa alzamiento en armas. El presidente no tenía armas, ni siquiera cortaúñas. […] El presidente no presentó ninguna norma para alterar el sistema de justicia. Tampoco presentó ninguna norma para que establezca un toque de queda. Delito de rebelión no hay porque significa alzamiento de armas. No se ha establecido si hubo coordinación con FF.AA. No hay alzamiento de armas. No hay crimen, no hay delito si un hecho no está tipificado. En este caso será el Poder Judicial el que establezca si hay o no delito”, refirió.

 

Finalmente, Torres indicó que desconoce quién o quiénes fueron los autores del discurso que leyó Pedro Castillo el día del golpe de Estado.

 

A partir del minuto 08:00 aprox.

 

 

En tanto, el exministro de Defensa Gustavo Bobbio negó también haber tenido alguna participación en los hechos ocurridos el 7 de diciembre del 2022. “Terminó [el mensaje] y me acerqué a Aníbal Torres. Me dijo: ‘es una decisión presidencial’. Abandoné Palacio, fui al Ministerio de Defensa, le dije a la secretaria que oficialice mi renuncia y saqué un mensaje con mi desacuerdo con lo que pasaba. Esa fue toda mi actuación”, relató.

 

Descartó también haber entregado algún documento al expresidente luego del mensaje a la Nación y añadió que, en un principio, pensó que el discurso abordaría una conciliación con el Congreso.

 

Respecto a las personas que estuvieron presentes el 7 de diciembre en la sede del Ejecutivo, Bobbio relató: “Llegué a Palacio y había varias personas. No me pregunten quiénes porque ya lo he dicho: no veo televisión, no compro periódicos. Pude reconocer al ministro Salas porque no tenía cabello. Estaba Aníbal Torres, que lo conozco. Estaba la primera ministra, a la cual había visto una sola vez, cuando [juré al cargo], el presidente y varias personas más”.

 

“Todos estuvimos atentos al mensaje presidencial. Luego vi la estupefacción en los rostros de todos. No considero que Aníbal Torres haya hecho esto. [...] ¿Quién hizo el discurso? No tengo la menor idea. […] Me parece que simplemente leyó el discurso, no vi otra actitud”, comentó el exministro.

 

Siguientes pasos

 

La congresista Lady Camones detalló que la Subcomisión enviará una serie de preguntas a Pedro Castillo para que sean respondidas por el expresidente. Estas deberán ser entregadas en un plazo de cinco días. Es decir, hasta el 22 de febrero.

 

 

Luego, a partir del 23 de febrero, se contará el plazo de cinco días hábiles para que el congresista delegado de la denuncia constitucional, Wilson Soto, realice un informe final respecto a los casos de los tres exministros comprendidos en el documento.

 

Este deberá ser presentado, a más tardar, el 27 o 28 de febrero ante la Subcomisión. “Nosotros tendríamos en los primeros días de marzo la sesión para el debate, sustentación del informe final y la votación”, concluyó Camones.

 

Articulo publicado inicialmente en El Comercio

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