La Corte Suprema rechazó el recurso de apelación que presentó la defensa del expresidente Pedro Castillo y confirmó la prisión preventiva contra el exmandatario por 12 meses en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de organización criminal, con agravantes por su condición de líder y otros, en agravio del Estado.

Según el documento, esta decisión judicial se debe a que Castillo no cuenta con arraigo familiar, laboral y domiciliario comprobado.

"Se valoró que tanto la esposa como los hijos del recurrente se encuentran asilados por el Gobierno mexicano, por lo que el arraigo familiar no está probado. Además, en cuanto al arraigo laboral expresado, resulta incierto y, en cuanto al arraigo domiciliario, pese a registrarse en Cajamarca, conforme a la ficha de Reniec, este se debilita debido a que, al no contar con los otros arraigos y más bien evidenciar una posible sustracción de la justicia dadas las facilidades de apoyo extranjero, tales arraigos resultan endebles", se lee en la resolución.

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Pedro Castillo cumple una condena dictada en primera instancia de 11 años de prisión por su fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. El expresidente fue declarado culpable por el delito de rebelión.

Durante la lectura de sentencia, el tribunal colegiado validó la tesis del Ministerio Público, encabezado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, y determinó que sí hubo responsabilidad penal por parte del exmandatario en el quiebre del orden constitucional al intentar disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia.