La presidenta Dina Boluarte, en lo que va de este quinquenio, ha acumulado 34 denuncias constitucionales en su contra y ha logrado salir airosa gracias al blindaje de sus aliados en el Congreso.

Las imputaciones presentadas por fiscales supremos, congresistas de derecha e izquierda y ciudadanos giran sobren la represión a las protestas sociales que hubo al inicio de este régimen, el origen de los relojes Rolex de la mandataria, el presunto abandono del cargo tras haberse sometido a cirugías, el uso del vehículo presidencial, el manejo del Club Apurímac, entre otras.

Es una lista extensa de señalamientos por presuntos delitos e infracciones a la carta magna que llegaron a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la comisión a cargo de acusar a altos funcionarios y que desde hace tres años es presidida por parlamentarias de Alianza para el Progreso (APP), el partido oficialista de este Gobierno.

Ninguna acusación contra Boluarte ha prosperado en la subcomisión que ahora lidera la congresista de APP María Acuña. La República le envió preguntas por escrito, pero no respondió al cierre de esta nota.

Maria Acuña hermana del todopoderoso hombre fuerte del Congreso el pintoresco Cesar Acuña y socio protector de Dina Boluarte.

#OJO La Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso Maria Acuña descartó reconsiderar el archivo de denuncia constitucional por caso Rolex tal y como lo pidió la Fiscalía de la Nación pic.twitter.com/NOWWSuwP85

— Carlos Villarreal (@KikesitoVH) May 27, 2025

Muertes en las protestas

El caso más escandaloso es sobre la represión a las manifestaciones. Boluarte tiene ocho denuncias constitucionales por el manejo del Ejecutivo frente a las protestas. Tres de ellas fueron promovidas por el Ministerio Público.

En noviembre del 2023, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una por presunto homicidio, pero la Subcomisión de Acusaciones la mandó al archivo.

En julio del año pasado, el fiscal supremo Juan Villena presentó la segunda denuncia por homicidio y también por lesiones graves. La Subcomisión de Acusaciones la declaró procedente y luego eligió como delegado —el encargado de elaborar el informe final— al congresista de Somos Perú José Jerí.

El informe todavía no es presentado. De las conclusiones que presente Jerí y los votos de la SAC depende el futuro de la acusación constitucional.

La semana pasada llegó la tercera imputación de parte del Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, interpuso una denuncia constitucional contra Boluarte y seis exministros por lesiones leves y graves contra ciudadanos que protestaron contra el régimen. Fuentes legislativas informaron que las acusaciones de Villena y Espinoza serían acumuladas.

Caso Rolexgate tampoco avanza en el Parlamento

La mandataria también está en la mira por los relojes y joyas que usó. Tres denuncias constitucionales por el caso Rolexgate pesan en su contra. Dos fueron presentadas por el Ministerio Público.

El 27 de mayo del año pasado, el fiscal Villena presentó una contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito, omisión de declaraciones y cohecho pasivo impropio. La acusación fue declarada procedente, pero luego la Subcomisión de Acusaciones eligió de delegada a la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien en su informe final concluyó que la indagación debe ser archivada.

Chacón planteó, además, que el Congreso evalúe las infracciones constitucionales que habría cometido la Fiscalía de la Nación al realizar diligencias contra una presidenta en funciones. Su propuesta fue aprobada en la SAC y el viernes pasado fue ratificada en la Comisión Permanente.

La fiscal Espinoza presentó una nueva denuncia constitucional el 16 de mayo por el mismo caso. Ayer, además, solicitó al Congreso reconsiderar el archivo de la acusación planteada por su homólogo Villena (ver despiece).

Las cirugías de la presidenta

La mandataria también tiene tres denuncias constitucionales por presunto abandono del cargo tras sus cirugías. La fiscal Espinoza sindica a Boluarte de presunta omisión de funciones y abandono del cargo tras su intervención quirúrgica.

Las otras dos fueron formuladas por las congresistas del Bloque Democrático Popular Ruth Luque y Carlos Zeballos, quienes, además, señalan a la presidenta de haber cometido infracciones constitucionales y plantean que sea inhabilitada 10 años de la función pública.

La denuncia de Zeballos es de este mes, pero la de Luque lleva un año estancada. En reiteradas oportunidades, la congresista le solicitó a la presidenta de la SAC que la ponga a discusión, pero hasta el momento no sucede.

Denuncias y blindajes en el Congreso

Las muertes en las protestas, sus joyas y sus cirugías no son las únicas indagaciones. Boluarte también está en la mira por el uso del vehículo presidencial, conocido como Cofre, y el nexo con la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La fiscal Espinoza presentó la semana pasada una denuncia constitucional en su contra por presunto encubrimiento personal.

En total, en su paso como vicepresidenta y ministra, hubo 11 denuncias constitucionales contra Boluarte, y en su periodo como presidenta, hasta el momento, van 23.

Es cierto que un jefe de Estado en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, disolver de manera irregular el Congreso, impedir las elecciones y el funcionamiento de los organismos electorales.

Pero la coalición gobiernista se ha encargado de bloquear tanto los procesos de antejuicio político (que son por presuntos delitos) y los de juicio político (por infracciones constitucionales), a fin de impedir el avance de las indagaciones y que Boluarte sea inhabilitada de la función pública.

Fuente: La Republica