La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva denuncia constitucional, la tercera en apenas dos días, esta vez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado durante su gestión como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y, posteriormente, como jefa de Estado.

La acusación surge a partir de una carpeta fiscal específica (N.° 162-2024) que se abrió tras desacumular hechos del llamado “Caso Rolex”, y detalla un presunto incremento patrimonial no justificado de más de S/ 58.000, así como joyas de alto valor que no habrían sido declaradas en sus documentos oficiales.

La Fiscalía también la acusa de omitir información en sus declaraciones juradas de bienes y rentas entre 2021 y 2023, incluyendo joyas valorizadas en más de 160 mil dólares y dos relojes de lujo marca Rolex. Entre las evidencias que respaldan la denuncia se encuentran actas de entrega voluntaria de joyas, análisis forense de fotografías oficiales en eventos internacionales y peritajes contables que refuerzan las sospechas de un incremento patrimonial sin sustento legal.

Elementos que respaldan la denuncia constitucional contra Dina Boluarte

Entre los principales indicios que sustentan la denuncia constitucional contra Dina Boluarte figura, en primer lugar, un acta de entrega voluntaria de joyas firmada por la propia mandataria el 5 de abril de 2024. Las piezas entregadas fueron analizadas por peritos del Ministerio Público, quienes determinaron su correspondencia —y también algunas discrepancias— con las joyas que la presidenta lució en eventos oficiales, según se observa en al menos 27 fotografías extraídas del portal institucional “Flickr”, en el marco de su participación en el foro APEC 2023.

A ello se suma un informe pericial contable que revela un incremento patrimonial no justificado de S/ 58.699,97 entre julio de 2021 y marzo de 2024, periodo en el que Boluarte ejerció como ministra y luego como presidenta. El análisis también detectó depósitos bancarios de origen desconocido y la ausencia de pagos registrados por adquisición de joyas. Además, los peritos señalaron la existencia de operaciones sin sustento documentario, lo que refuerza la hipótesis fiscal de un posible enriquecimiento ilícito. Estos elementos han sido clave para formalizar una nueva acusación constitucional contra la jefa de Estado.