El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades aprobado por el Consejo de Ministros. Cerca de las siete de la noche, el documento ingresó a Mesa de Partes de la Cámara Baja, que se encargará de su revisión, análisis y posterior debate para ser aprobado o rechazado.

El proyecto, como ya se había adelantado, solicita facultades para legislar por 120 días en temas de seguridad ciudadana, micro y pequeña empresa, simplificación tributaria, entre otros.

En materia de seguridad ciudadana, plantean revisar el régimen migratorio para promover una “migración ordenada”. Asimismo, modificar el marco normativo para la trazabilidad y fiscalización de las armas de fuego; reformar el sistema penitenciario; y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en “acciones de seguridad externa y dentro de los penales”.

Uno de los puntos centrales es modificar normas para combatir la delincuencia y criminalidad organizada. El proyecto apunta las siguientes leyes: N° 32490 (Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público); N° 30096 (Ley de delitos informáticos); N° 30424 (Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional); y N° 32332 (Ley que implementa la plataforma Denuncia Digital para el registro de denuncias digitales por delitos contra el patrimonio).

Además de otros decretos legislativos referidos al Código Penal Militar Policial, para la identificación de números telefónicos y el comercio ilegal de equipos móviles.

No mencionan leyes procrimen aprobados por el fujimorismo

Sin embargo, no se hace mención a ninguna de las leyes procrimen -aprobadas en el anterior Congreso por una mayoría fujimorista- a pesar de que estas han afectado la lucha contra la criminalidad con cambios en la colaboración eficaz, la detención preliminar, los allanamientos sorpresivos, la confiscación de bienes y limitado la interceptación de comunicaciones.

Lo que sí menciona el pedido de facultades es que las organizaciones criminales sean declaradas como organizaciones terroristas. Además, establecer un marco legal que permita la “legítima defensa” para que quien la ejerza goce de una “presunción de inocencia”. 

Proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributaria, simplificación administrativa y otras materias.