Por haber captado, transferido y ocultado fondos para el financiamiento de la campaña contra el falso fraude electoral en la segunda vuelta presidencial, el fiscal José Domingo Pérez resolvió ampliar la investigación por lavado de activos, con la agravante de organización criminal, contra Keiko Fujimori y los siguientes dirigentes de Fuerza Popular: Luis Galarreta Velarde, Miguel Torres Morales, Karina Beteta Rubin, Milagros Takayama Jiménez y la contadora del partido Lindman Miranda Zamalloa.

Según la disposición fiscal a la que tuvo acceso La República, luego de los resultados de la votación del 6 de junio de 2021, que dieron como ganador al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, Keiko Fujimori no solo desconoció el resultado, sino que emprendió una furibunda campaña de mentiras sobre presuntas irregularidades para alterar la voluntad popular.

Con el falso argumento de una supuesta conspiración entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices de Fuerza Popular afirmaban sin pruebas que se le había arrebatado el triunfo en beneficio del “candidato comunista” Pedro Castillo.

Keiko Fujimori y sus onerosos mitines proselitistas 2021 a nivel nacional.

Keiko Fujimori consiguió que su falsa narrativa del fraude electoral fuera respaldada por los medios de comunicación que apoyaron su candidatura en la segunda vuelta, y así inició la captación de fondos para financiar su nueva campaña tras la derrota.

“Esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias, empresarios que se dedican a los juegos de tragamonedas y la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país. Es así que el partido Fuerza Popular logró recaudar, recolectar o recibir un poco menos de dos millones de soles en aportes en efectivo y en especie entre el 13 de marzo de 2021 a 30 de julio de 2021, en ellas, están incluidas las tasas para las apelaciones y nulidades”, describió el fiscal José Domingo Pérez en el mandato de ampliación del caso por lavado de activos.

“Todo ello demostraría que la campaña del fraude era un mecanismo de la organización criminal enquistada en Fuerza Popular para causar intranquilidad en la sociedad, ya que —a través de la desinformación, noticias falsas y desacreditación de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Reniec— se buscó engañar a la ciudadanía, causarle miedo sobre el proceso electoral, con el objetivo de obtener beneficios económicos, poder político y generar crisis en el país, desestabilizándolo, tal y como ha ocurrido en las elecciones pasadas”, precisó el fiscal Pérez.

Entre enero y julio de 2021, Fuerza Popular reportó 473 aportes en efectivo de dinero a la ONPE, pero anuló 142 de ese total (30%), lo que es significativo para el fiscal.

“Esas incidencias son bastante sospechosas y llaman la atención, más aún porque Fuerza Popular no tenía cuentas bancarias ni libros contables desde fines de 2020 y todo el 2021”, resalta el fiscal Pérez.

El financiamiento de la campaña del falso fraude de Keiko Fujimori costeó viajes, hospedajes, viáticos, pagos de abogados, publicidad en medios, entre otros.

“Todas las circunstancias señaladas nos permite inferir razonablemente la posible existencia del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, toda vez que es irregular que un partido político no tenga libros contables y tampoco una cuenta bancaria para recolección de aportes en efectivo”, refiere el fiscal en la resolución.

“Son actos que facilitan la falta de transparencia en el actuar Fuerza Popular en las elecciones generales presidenciales durante 2021. La ley electoral le obliga a cada partido político tener los libros contables respectivos y una cuenta bancaria donde pueda recaudar o recibir los aportes en efectivo. Sin embargo, en el presente caso, se habría desobedecido el mandato imperativo. Aunado a ello, se pretende consignar aportes en especie, cuando en realidad estos habrían sido en efectivo, dinero en soles y en dólares que habrían sido entregados en sobres en el local partidario de Fuerza Popular. Además, aparecen como aportantes diversos empresarios dedicados a empresas mobiliarias y empresas vinculadas a juegos de tragamonedas, casinos, entre otros”, apunta Pérez.

Parte del dinero pudo haberse destinado al financiamiento de 942 nulidades que presentó Fuerza Popular a un costo de S/1.100.000; además de otras 367 apelaciones por S/242.220. A ello, se suma 75 apelaciones de observaciones por S/31.350. Esto es un total de S/1.309.770.

No obstante, a pesar de que JNE, ONPE y Reniec, además de las misiones de la OEA y la Unión Europea, rechazaron la existencia de fraude electoral, Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices prosiguieron con dicha narrativa con fines de obtener fondos.

Los seis implicados ya fueron citados para rendir su manifestación sobre los hechos:

    21 de agosto: Lindman Miranda Zamalloa
    22 de agosto: Karina Beteta Rubín
    23 de agosto: Milagros Takayama Jiménez
    24 de agosto: Miguel Torres Morales
    25 de agosto: Luis Galarreta Velarde
    28 de agosto: Keiko Fujimori.

Fuente: La Republica