ICA | En el marco del Megaoperativo de Control en Ica, la Contraloría General detectó irregularidades en el procedimiento de contratación de un inspector para el mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal en el distrito de Ocucaje en Ica, identificando que el Comité de Selección no admitió la ofertas de postores que cumplieron con los requisitos y favoreció a un proveedor con la buena pro y suscripción de contrato por S/ 165 mil.

El proyecto es ejecutado por la Municipalidad Provincial de Ica.
 

El Informe de Control Específico N° 037-2021-2-0406 reveló que se contrató al inspector pese que el Comité de Selección declaró no admitidas las ofertas de dos postores que cumplían con los requisitos para su calificación, ambas con mejores ofertas económicas para la entidad, argumentando que se había presentado un requisito no contemplado en las bases y la existencia de error material en la documentación, la cual no alteraba lo esencial de la oferta y por tanto era subsanable.
 

También se advirtió, que el comité (en su evaluación) otorgó una bonificación de 10% sobre su puntaje total al postor ganador de la buena pro, pese a no existir la figura de empate, evaluándose como único postor la mayor oferta económica en relación a los postores no admitidos, ocasionando un perjuicio en los intereses del municipio por contratar servicios sin las mejores condiciones de precio.
 

Los hechos impidieron que la entidad obtenga mejores condiciones económicas, lo que afectó los principios de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, eficacia y eficiencia con las que deben regirse las contrataciones del Estado y el correcto funcionamiento de la administración pública. Por estos hechos, se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en tres servidores públicos.

Los resultados del servicio de control específico -que comprendió el periodo del 23 de junio al 12 de agosto de 2020- fue notificado a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Ica Emma Mejia Venegas para el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan, y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales respectivas.