El Poder Judicial declaró infundadas dos tutelas de derecho que había presentado Patricia Benavides para evitar ser investigada. La resolución del juez supremo, además, se trae abajo el argumento que usaron cinco congresistas para presentar una denuncia constitucional contra la fiscal Delia Espinoza.

En una de las tutelas, Patricia Benavides cuestionaba la competencia de la fiscal suprema Delia Espinoza al considerar que solo una autoridad con rango de fiscal de la Nación podía investigarla.

Es decir, Patricia Benavides considera que solo podía ser investigada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Ocurre que Villena emitió una resolución el 15 de diciembre del 2023, donde se excusa de conocer la investigación a Benavides y deriva el caso a la Fiscalía Suprema Especializada en Corrupción de Funcionarios, a cargo de Delia Espinoza.

La decisión está sustentada en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que los fiscales deberán excusarse de intervenir en una investigación en que directa o indirectamente tuviesen interés, “bajo responsabilidad”.

El argumento de Villena es que podría ser convocado como testigo en la investigación contra Benavides. Bajo el mismo criterio, no asumió el caso el fiscal supremo Pablo Sánchez.

De hecho, formalmente, Villena emitió en enero una resolución donde dispone que la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pueda conocer los casos cuyos delitos son atribuidos a funcionarios públicos aforados. Y con mayor precisión, señala que se encargará de la carpeta 1228-2023 abierta contra Benavides.

Pues bien, Juan Checkley Soria, el juez que resolvió las tutelas de derecho de Patricia Benavides, considera válida la decisión del fiscal de la Nación, Carlos Villena.

“Resulta razonable que el conocimiento del caso haya sido derivado y asumido por la fiscal suprema (Delia) Espinoza Valenzuela, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos”, precisa el juez Juan Checkley Soria en la resolución difundida ayer.

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