En Puno, un abogado fue agredido en el interior de una comisaría y la Fiscalía investiga una presunta tortura. En Lima, un adolescente de 17 años falleció dentro de una dependencia policial. En Huancavelica, cinco jóvenes murieron tras recibir disparos de la PNP. Y estos son solo los casos más mediáticos.

Sean mayores o menores de edad, en la capital del país o en regiones, los casos de abuso policial persisten y podrían quedar impunes por la ley que establece que los policías y militares sean investigados en el fuero castrense y no en la justicia ordinaria.

En segunda votación, la representación nacional aprobó el dictamen que fortalece la función militar policial y establece sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales. #PlenoDelCongreso pic.twitter.com/hGJqd1lWpl

— Congreso del Perú ???????? (@congresoperu) June 23, 2026

El abogado especialista en derechos humanos Carlos Rivera, de IDL, explicó a este medio que la norma promovida por el fujimorismo crea una 'lista larga de circunstancias' que pueden ser incluidas dentro del delito de función y, de esa forma, que los militares y policías sean investigados por sus propios integrantes.

“En un tipo penal no puedes hacer un señalamiento de cuántas circunstancias se te ocurre porque siempre alguna va a quedar fuera. Esa técnica legislativa es pésima. Además, se amplía de manera indebida la definición de delito de función”, anotó.

Teniendo en cuenta ello, en el caso del abogado agredido en Puno, no le sorprendería que, de promulgarse la ley, lo sucedido sea considerado como un delito de función.

“Por lo tanto, si es que hubiese una causal penal abierta por abuso de autoridad en el Poder Judicial, entren a una contienda de competencia y ahí salta la siguiente norma, esta que modifica el Código Procesal Penal, que dice que la Corte Suprema preferentemente debe resolver a favor de la justicia militar. Ese es el escenario que se puede presentar”, alertó.

Resaltó que, más allá de las manifestaciones sociales, tiene la impresión de que la norma se ha hecho con la mira puesta en casos de abuso policial.

A esto se le suman los antecedentes: “El historial de la justicia militar es absolutamente intrusivo en asuntos que no les corresponden. La justicia militar ha servido más que como una instancia jurisdiccional como un instrumento político. Creo que los fujimoristas han pensado en eso”.

Con base en ello, considera que, de promulgarse la norma, el mismo destino podría tener el caso del adolescente de 17 años que falleció dentro de una comisaría en Pachacámac. Esto, a su vez, por la orden a la Corte Suprema de resolver a favor de la justicia militar.

“Se trata de una norma procesal que es automática a todo tipo de proceso sin importar el año”, indicó.

“Esto es muy grave dado que desde las autoridades militares o policiales a veces hay actos que se podrían considerar de encubrimiento. En el caso del joven de Manchay, el comandante ha dicho que ha sido un caso de suicidio y luego hubo un comunicado asegurando ello”, agregó.

Colegio de Abogados de Puno

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  

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