Foto de archivo a titulo indicativo.

Para nadie es un secreto que las organizaciones criminales operan a sus anchas desde los penales. Los barrotes no son obstáculo para que planifiquen secuestros, extorsionen a sus víctimas y hasta ordenen crímenes.

Cada cierto tiempo vemos los resultados de requisas que son presentadas como grandes éxitos por las autoridades cuando en realidad lo que se debería explicar es cómo ingresaron estos objetos a las cárceles.

Efectivos analizan los celulares confiscados.

Ahora nos enteramos con indignación de que una estructura criminal encontró en la prisión las condiciones necesarias para hacer un “negocio”. Según una resolución judicial a la que El Comercio tuvo acceso, la organización denominada La Confederación convirtió el pabellón 1 del penal Ancón I en un centro de operaciones desde el cual se alquilaban teléfonos y equipos de conexión a Internet a otros internos. El esquema, además, estaría vinculado con extorsión, tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado.

Incautar celulares, chips y routers que estaban escondidos en los techos de los baños puede ser presentado a la opinión pública como el resultado exitoso de una operación de la policía y la fiscalía. Lo preocupante es que no es la primera vez que esto ocurre. Antes de ser requisados, esos objetos tuvieron que burlar los controles del penal. Y aquí es donde las autoridades penitenciarias tienen mucho que responder.

Una prisión concebida para que quienes están privados de su libertad cumplan sus penas y ya no sigan amenazando a la sociedad contaba con un servicio de telecomunicaciones clandestino: un locutorio penitenciario con Internet y celulares que se alquilaban a los reclusos. Un lucrativo negocio que funcionaba en las propias narices del sistema penitenciario.

Según la investigación, esta actividad no se limitaría a un solo pabellón. Es decir, no se trata de casos aislados de internos que lograron esconder teléfonos, sino de toda una estructura que transformó las instalaciones penitenciarias en un centro de operaciones criminal, con el probable aval y vista gorda de parte del personal carcelario.

La investigación debe continuar hasta las últimas consecuencias. Es inconcebible que las autoridades penitenciarias hayan permitido que Ancón I se convierta en un coworking de la delincuencia.

Fuente: Editorial El Comercio