Una sanción a los fiscales de parte del ANC “sería un posible amedrentamiento y un abuso del derecho”.

La investigación disciplinaria iniciada a los fiscales del equipo especial Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez fue calificada de un exceso de la Autoridad Nacional de Control (ANC), del Ministerio Público, por la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma.

Además, señaló que se estaría distorsionando la tarea de los fiscales de informar a la opinión pública en temas de interés nacional, como la extradición de un expresidente de la República acusado de graves delitos de corrupción.

La Autoridad Nacional de Control, del Ministerio Público, empezó una investigación preliminar a Vela y Pérez, que podría terminar con una grave sanción disciplinaria luego de que, al ser cuestionados por la prensa, ambos respondieran que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no tenía intervención en los procesos contra Alejandro Toledo.

Fiscales Vela y Pérez.

“Se estaría perdiendo la precisión sobre el rol que cumplen los jueces y los fiscales. Un juez debe caracterizarse por su imparcialidad, por lo que sus opiniones en público deben ser altamente mesuradas. Sin embargo, un fiscal no tiene por qué ser imparcial. Un fiscal es parcial por naturaleza, ya que asume la representación de la sociedad por mandato institucional”, precisó Ledesma.
 

Añadió que una sanción “sería un posible amedrentamiento y un abuso del derecho”.

Tolerancia

En tanto, el exprocurador anticorrupción César Azabache afirma que no existen normas que regulen la actuación de comunicaciones de los fiscales en medios de comunicación, por lo cual no pueden ni deberían ser sancionados.

Por lo mismo, considera que no existen ni precedentes ni jurisprudencia que dé sentido a una sanción que, de darse, calificaría como arbitraria.

“Este procedimiento disciplinario viola una costumbre establecida; los fiscales siempre han dado declaraciones a la prensa (…) Esto hace que estos procedimientos sean totalmente arbitrarios y empañen la transparencia que el Ministerio Público” debe tener ante la sociedad, sostiene Azabache.

Por lo mismo, afirma que “ninguna sanción, de ningún tipo, ni siquiera simbólica, puede ser admisible en una entidad pública sin haber una norma previa clara que haya sido transgredida”.

Además, subraya que el Ministerio Público había establecido la costumbre de permitir y tolerar las manifestaciones públicas de los fiscales que tienen a su cargo fiscalías especiales o casos emblemáticos de alto interés público.

Por su parte, el constitucionalista Erick Urbina asevera que, en general, la actitud de los fiscales debería ser más prudente en medios de comunicación.

“Todos los fiscales, así como los jueces, deben ser muy cautos en sus declaraciones. No solo porque pertenecen a órganos que van a tener, finalmente, un pronunciamiento sobre los casos que están viendo, sino que, además, representan a la Justicia”, sostiene Urbina.

Anota que “es facultad de la fiscal de la Nación poder apartarlos del caso” si han perdido la confianza o considera que ya no cumplen sus funciones con normalidad.

En la Junta

Sin embargo, Urbina precisa que Benavides no puede destituirlos, pues esa es una facultad que compete a la Junta Nacional de Justicia, tras el informe de la Autoridad Nacional de Control.

En esa misma línea, el constitucionalista considera que por el tipo de declaraciones que han realizado “sería un abuso apartarlos del caso Lava Jato, ya que perjudicaría la investigación que ellos tienen bastante avanzada, por lo que deberían ser ellos quienes culminen el proceso”.

Por su parte, la exministra de Justicia, Ana Neyra, puntualiza que “no debería usarse el procedimiento disciplinario para una protección de personas, como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, frente a declaraciones en que la critican”.

La autoridad de control no puede vulnerar derechos

“El Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Control no pueden, bajo argumentos legalistas y de orden, vulnerar la libertad de expresión de los y las fiscales”, señaló el IDL, en comunicado público.

“Toda decisión relacionada con las declaraciones de los y las fiscales debe tenerlos en cuenta, protegerlos, garantizarlos y promoverlos, más aún cuando se trata de casos emblemáticos o incluso, de críticas a la propia institución”, añadió.

Además, recordó que el fiscal Pérez es beneficiario de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2021, en las que demandó al Estado “garantizar que pueda seguir desempeñando sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamientos”.
 

Fuente: La Republica