El 4 de febrero de este año, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, inscribió como patrimonio familiar el único inmueble de su propiedad y lo registró a nombre de sus dos hijas. Benavides adoptó la decisión pocos días después que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le inició proceso de investigación, como consecuencia de las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva Barreto, su exasesor personal.

Villanueva reveló que Patricia Benavides organizó la destitución fraudulenta de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien estaba a cargo del caso de su hermana, la jueza Enma Benavides, acusada de haber recibido soborbos de un narcotraficante para salir en libertad. Revilla se había negado a archivar el caso.

Jorge del Castillo, (abogado de la exfiscal)  dice que Benavides solo protege la vivienda de sus hijas.

Al inscribir el inmueble ubicado en San Borja como patrimonio familiar en beneficio de sus hijas, la suspendida fiscal de la Nación intenta resguardar la propiedad ante eventuales requerimientos de embargos o el pago de reparación civil, derivados de los casos penales que enfrenta.

El 9 de enero, la fiscal suprema especializada en Corrupción de Funcionarios, Delia Espinoza, inició investigación preliminar contra Patricia Benavides por los presuntuosa delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real. Para sustentar las imputaciones, Espinoza citó las manifestaciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, detenido el 27 de noviembre de 2023. Entre otros casos, mencionó el complot contra la fiscal suprema Revilla, lo que motivó a la JNJ abrir indagación contra Benavides, el 26 de enero. Nueve días después, hizo el cambio en Registros Públicos para proteger su residencia.

El cambio ante Registros Públicos de la inscripción de la casa como patrimonio familiar.

El abogado de la suspendida fiscal de la Nación, Jorge del Castillo, confirmó el propósito de Benavides. “El patrimonio familiar no se puede hipotecar ni vender. No es ilegal para nada. Es la protección de la propiedad para que nadie la pueda vender o alquilar, ni ella misma. ¿Qué cosa se pretende? ¿Que la despojen de su casa? ¿Que no tengan dónde vivir sus hijos menores de edad?”, respondió Del Castillo.

La penalista Diana Pérez Ruíz tuvo otra opinión sobre el caso: “Ella sigue siendo la titular del inmueble, solo que está utilizando un mecanismo del Código Civil para que esta propiedad sea inembargable. En el contexto de las investigaciones que está enfrentando (Benavides), podría verse como una situación fraudulenta para proteger el inmueble. El Ministerio Público o el Procurador podría solicitar la nulidad de esta constitución que se ha realizado en Registros Públicos”, argumentó.

Fuente: La Republica