La Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez César San Martín, ratificó la prisión preventiva de 36 meses dictada contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, quien actualmente cumple dicha medida cautelar en el penal de Barbadillo, al cual ingresó en diciembre del 2022 tras su fallido intento de golpe de Estado.

Este fue uno más de los intentos de su defensa legal para anular la decisión del Poder Judicial y poder seguir siendo investigado en libertad.

La sala determinó que los videos e instrumentales presentados por la defensa de Pedro Castillo no resultan pertinentes o útiles para tomar una decisión en torno a dejar sin efecto una prisión preventiva de 36 meses.

Se determinó que el expresidente no cumplió con los requisitos para la revisión de oficio de la medida restrictiva de la libertad. La sala cuestionó que los videos presentados por la defensa de Pedro Castillo se encontraban recortados y no formaban parte de una fuente original.
 

Rechazan tutela de derechos para anular investigación

El último 5 de febrero, el Poder Judicial informó, por medio de sus redes sociales, que declaró improcedente la tutela de derechos que solicitó el expresidente de la República Pedro Castillo para anular la investigación que realiza el Ministerio Público en su contra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración ante el fallido golpe que realizó en el 2022.

Dicho poder del Estado encargado de impartir justicia indicó que el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, desestimó los cuestionamientos de Castillo Terrones al acta de intervención policial y su pedido de sobreseimiento de la investigación e inmediata libertad.

Esto, luego de que el exjefe de Estado denunciara la vulneración de sus derechos al debido proceso, además "la presunción de inocencia, la no autoinculpación, a la dignidad humana y disposiciones específicas de legalidad, y solicitó el dictado de medidas de corrección y protección".
 

Pedro Castillo estará en prisión hasta marzo del 2026

Al ser la prisión preventiva impuesta por los casos de corrupción, de 36 meses, el expresidente se mantendrá en el penal de Barbadillo hasta el 8 de marzo del 2026. Él es investigado por organización criminal, colusión y tráfico de influencias por presuntos ilícitos en el MTC, Ministerio de Vivienda, Provías Descentralizado y PetroPerú.

Este pedido ya había sido negado por la primera instancia a través del juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, pero fue finalmente en segunda instancia que se ratificaron los 36 meses de prisión preventiva.