Una sentencia timorata con probable puerta de escape, así va la vida en las frías alturas de esa región andina.

HUANCAVELICA | Como estaba programado, ayer, a las 18:00 horas, se realizó la audiencia de lectura íntegra de la sentencia del caso “Laptops del GRH (Gobierno Regional de Huancavelica)” y fue desarrollado por el magistrado Carlos Antonio Samaniego Espinoza, juez de la Primera Sala Penal de Apelaciones.

En este caso hay siete sentenciados: el actual gobernador de Huancavelica, dos funcionarios actuales del GRH, tres exfuncionarios del GRH y una empresaria.

Lectura de sentencia Exp. 865-2014 Delito Colusion Agravada

El juez inició mencionando los fundamentos de la acusación planteada por la Fiscalía, así como los argumentos de la defensa técnica.

Para el Ministerio Público, Maciste Alejandro Díaz Abad, Ciro Soldevilla Huayllani, Eduardo Félix Candiotti Munarriz, César Jorge Altamirano Flores, Aarón Benjamín Caro Espinoza y Guido Efraín Quispe Escobar, de una u otro manera habrían participado en un presunto caso de colusión simple, junto a Carmen Beatriz Gallardo Mulatillo (empresaria).

Esto a fin de que la empresa sea beneficiada con el proyecto “Mejoramiento de la aplicación de Tecnologías de Comunicación (TICs) en las I.I.E.E. de los niveles de inicial, primaria y secundaria, de la región Huancavelica” en el año 2014, a través de convenio marco.

La defensa exclama inocencia de Maciste Díaz

Por su parte, los abogados alegaron la inocencia de sus patrocinados, en el caso de Díaz, su abogado argumentaba que el gobernador no cometió el delito, que delegó funciones a los funcionarios y que la adquisición de las laptops se realizó con convenio marco porque así mandaba la norma en la adquisición de equipos informáticos en ese año.

Mientras que el juez leía la sentencia, Maciste Diaz Abad, se daba un baño de popularidad con el presidente del Perú, Martin Vizcarra, en un pueblo recóndito de su provincia natal

De forma parecida, los abogados de los demás imputados alegaron que no hubo perjuicio para el GRH y que la adquisición de las laptops se realizó conforme a la norma.

El juez informó que valoró los argumentos de ambas partes procesales y resolvió que sí está acreditada la responsabilidad de los imputados.

De esta forma el magistrado condenó a Díaz, Soldevilla, Candiotti, Altamirano, Caro y Gallardo a 4 años de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva; y a Quispe a 6 años de pena efectiva.

Pena suspendida

Asimismo, el juez dispuso la suspensión temporal de la pena hasta que sea confirmada o consentida en Sala de Apelaciones, y ordenó varias reglas de conducta.

Al término de la audiencia, la Corte notificará a las partes procesales sobre la sentencia y de acuerdo a ello podrán apelar en el plazo según ley.

Fuente: Correo