El embarazo en adolescentes en el Perú continúa siendo un problema de salud públicaque afecta particularmente a las adolescentes más pobres, así como a las que residen en regiones de la Amazonía. En el contexto de emergencia sanitaria, dicha realidad se estaría agudizando aún más debido a las distintas medidas de contención y prevención del contagio del COVID-19.

En el marco de la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de la articulación intersectorial e intergubernamental para la implementación y seguimiento del plan multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes a fin de evitar que recorten su proyecto de vida y limiten el ejercicio de sus derechos como la educación, salud, entre otros.

De acuerdo a reciente recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado debe adoptar medidas integrales e inmediatas para respetar y garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. Es decir, se debe reforzar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud que incluyan consejería y acceso a métodos anticonceptivos modernos durante este contexto.

Cabe indicar que, actualmente, la normativa establece que para la atención en salud sexual y reproductiva de adolescentes no se requiere del acompañamiento de los progenitores o tutores, y pueden acceder a consejería y a métodos anticonceptivos. En base a ello, el Ministerio de Salud debe reforzar los servicios de salud diferenciados. De otro lado, también es urgente que, el Ministerio de Educación refuerce la implementación de la Educación Sexual Integral a fin de prevenir el embarazo en esta etapa de vida.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la promoción y defensa de los derechos de las y los adolescentes, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Para ello, continuará vigilante al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano sobre este tema.