El Juzgado Supremo aprobó este martes formalizar investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo y Aníbal Torres por el delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio al Estado.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el pasado 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo—a través de un mensaje a la Nación—anunció el cierre del Congreso y nuevas reformas en el sistema judicial, se encontraba con Aníbal Torres (asesor de PCM), Betssy Chávez (exprimera ministra); Willy Huerta (exministro del Interior) y Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior) en su despacho presidencial.

En esa línea, detalla que el exjefe de Estado—en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú— habría pretendido alcanzar su “objetivo criminal” al comunicarse con el comandante general de la PNP, Raúl Alfaro desde el celular del exministro Willy Huerta.

“El presidente me señaló general cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a lo que están adentro e intervenga a la Fiscal de la Nación”, especifica la Fiscalía tras tomar la declaración de Raúl Alfaro.

Asimismo, refiere que Castillo también tuvo la intención de viabilizar su alzamiento en armas a través del Ejército Peruano tras comunicarle al ministro de Defensa que debía renuncia Manuel Jesús Martín Gómez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 6 de diciembre.

Según la hipótesis, el exmandatario requería retirar al alto mando de dicha institución y colocar en este cargo a un oficial afín a sus intereses ilícitos.