Los habitantes de la sierra peruana pagan los medicamentos más caros del país, informó hoy el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, al dar a conocer los resultados de la supervisión a farmacias públicas y privadas realizada en todo el país durante el presente año.

La Defensoría del Pueblo realizó el estudio en una muestra de 649 farmacias entre públicas y privadas, de un universo de 20,090,  asegurándose un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

 

La supervisión se enfocó en determinar la disponibilidad y accesibilidad de tres medicamentos de uso común para tratar las enfermedades más frecuentes: Ciprofloxacino (antibiótico contra la neumonía y otras infecciones), Amoxicilina (antibiótico usado principalmente en niños y mujeres embarazadas) y Salbutamol (broncodilatador para el tratamiento de enfermedades respiratorias). Durante el presente año se han reportado más de 35 mil  episodios de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años (se trata con amoxicilina en jarabe) y casi 2 mil casos de obstrucción bronquial/asma en la misma población (Salbutamol).

 

Al interior del país se ha detectado que los precios varían hasta en cuatro veces dependiendo de la región. Por ejemplo, la Amoxicilina en jarabe en Loreto cuesta 1.10 soles y en Piura 4.80 soles.

Se determinó que el 3% de las farmacias públicas no cuentan con Ciprofloxacino y Salbutamol. Pueden hallarse en las privadas pero en hasta tres veces su precio original y si se trata de una medicina de marca puede costar hasta 10 veces su valor.

Otro dato que arroja esta supervisión es que en las farmacias privadas visitadas, el 66,2% no cuenta con la lista de precios de medicamentos disponible al público, lo que afecta gravemente su derecho a la información.

Gutiérrez Camacho sostuvo que en el Perú no existe una norma que establezca la obligatoriedad de contar con un stock mínimo de genéricos esenciales en las farmacias y boticas privadas. Señaló que es fundamental que  el Congreso de la República legisle en ese sentido. También demandó que se priorice la supervisión, y de ser el caso, se apliquen  las sanciones correspondientes.

Es obligación del Estado garantizar la disponibilidad y accesibilidad económica de los medicamentos, ya que son factores clave para la recuperación y conservación de la salud. La Defensoría del Pueblo continuará con estas supervisiones y otras acciones para garantizar este derecho, además de la vida y dignidad de las personas.