La medida fue dictada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, luego de que la mayoría de investigados se allanaran a la medida limitativa solicitada por el Ministerio Público.

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 30, 2026

El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. La decisión se tomó en el marco de las investigaciones por el escándalo de la demora de la entrega del material electoral en las elecciones del 12 de abril.

La medida fue ordenada por el juez de investigación preparatoria, Manuel Chuyo. El equipo de fiscales especializados en delitos de corrupción conformado por Reynaldo Abia, Roosvelt Morales y Moíses Quispe sustentó su pedido en una posible fuga de Corvetto, hecho que perjudicaría el curso de la investigación.

La decisión judicial también alcanza a Phang Sánchez, Otoya Alvarado, Flores Pancho, Samamé Blas y Alvarado Pfuyo. La Fiscalía investiga a estas personas por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. El juez Chuyo agregó que es necesario que se mantenga la ubicación de los investigados dentro del país para que se minimice el peligro de fuga.

Durante la audiencia ante el Poder Judicial, los fiscales argumentaron el pedido de impedimento de salida del país contra los funcionarios, así como los hechos que concluyen que hubo un presunto favorecimiento para otorgar la buena pro del transporte de material electoral a la empresa Galaga SAC.

Alegatos de la Fiscalía

El fiscal Reynaldo Abia inició la sustentación y cuestionó las designaciones realizadas por Piero Corvetto, específicamente la del gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, por su falta de experiencia con la logística a gran escala. En su intervención, el fiscal señaló que su nombramiento “debilitó la toma de decisiones” en el organismo electoral.

Abia sostuvo que, si bien los lineamientos para la contratación de bienes y servicios se fijaron el año pasado, estos sufrieron modificaciones. De acuerdo con el fiscal, el cambio normativo “impide que los postores impugnen los resultados, lo que le permitió la discrecionalidad absoluta de los evaluadores y la inmutabilidad de la decisión”. Además, señaló que no se podían revisar los acuerdos administrativos, hecho que produjo la concentración de la decisión final en pocas personas.

Respecto al peligro de fuga, el fiscal añadió que es necesario que se apruebe el impedimento del país de Piero Covetto, ya que las diligencias requieren de su presencia para esclarecer cualquier información que encuentren en sus objetos personales incautados. “Hay mucha documentación, se han incautado celulares y se requieren peritajes especiales. La presencia del señor Corvetto es necesaria para que se aclaren estos hechos graves”.