El juez Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso la variación de la prisión preventiva por la medida de comparecencia con restricciones a favor de Vladimir Cerrón. Esta resolución se ejecutó en observancia de las disposiciones dictadas por el Tribunal Constitucional, que anularon los fallos previos que ordenaban la captura e internamiento del investigado.

El fallo se fundamenta en la Resolución N° 23, la cual retrotrae la condición procesal del exgobernador regional al estado previo a la revocatoria de su comparecencia. De este modo, Cerrón continuará afrontando las investigaciones fiscales por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal bajo mandato de sujeción al proceso en libertad.

¿Cuáles son las restricciones impuestas y qué pasará con la orden de captura?

El Juzgado Nacional determinó que el plazo de la comparecencia con restricciones será de un año, once meses y siete días. Durante este periodo, la norma exige la fijación de domicilio en Lima, el impedimento de salida del país, el registro de firma presencial en la fiscalía cada mes, el reporte mensual de actividades y el pago de una caución ajustada a S/. 30,000.

Como consecuencia directa de la resolución, el juzgado ordenó la emisión de los oficios dirigidos a las autoridades policiales para que cese la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre Vladimir Cerrón. El tribunal advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las reglas fijadas facultará al juzgado a dejar sin efecto la comparecencia.