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Según Fiscalía Provincial la municipalidad de Pueblo Nuevo esta 'infestado de pericotes'

POLITICA MUNICIPAL

El alcalde Buendía Guerrero y un grupo de funcionarios son investigados por comportamientos mafiosos en agravio del Estado Peruano.

Este educador es un gran aficionado de las aguas gaseosas y lo muestra públicamente.

CHINCHA - La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica,  está siguiendo un proceso de investigación contra el alcalde del distrito de Pueblo Nuevo, Hugo Jesús Buendía Guerrero por el presunto delito Contra la Administración Pública, en las modalidades de Colusión, Peculado y Negociación Incompatible en agravio del Estado peruano. La acusación involucra a más de un funcionario del concejo distrital.

Entre los hechos, figura el pago a personas, sindicadas como “testaferros” de funcionarios de la municipalidad. La denuncia, menciona a cinco ciudadanos que han cobrado dinero si haber realizado alguna prestación efectiva al concejo durante los meses de enero hasta abril 2015. Como es el caso de trabajos en el mantenimiento de áreas verdes con pagos de hasta 1,600 soles cada mes.

Nepotismo en el orden del día

También es acusado de nepotismo. Según se informa, el jefe de obras de Pueblo Nuevo, tiene como asistente a un familiar de segundo grado.

El jefe de abastecimientos y su hija, quien labora bajo contrato de locación de servicios, trabajan en la misma área. La secretaria de la alcaldía tiene a su hermana como administradora del Polideportivo.

Allí no queda la cosa, adquieren repuestos para vehículos que ya no están operativos. En la denuncia esta además pagos a personas que no tienen ninguna actividad en los medios de comunicación y que sin embargo han cobrado por concepto de “emisión y difusión”  de Notas de Prensa por montos que van desde 600 soles hasta dos mil.

Estas y otras acusaciones involucran también al Gerente Municipal, Diego Martin Carrión Nevada, Alberto Almeyda Lévano (jefe de la Unidad de Abastecimientos) Rosario del Pilar Cordero (Secretaria General) y otros tres funcionarios municipales.

La fiscalía tiene 80 días para investigar la gestión del alcalde del distrito más grande de la región.

El burgomaestre deberá responder de sus actos a la Fiscalia Provincial.

Documento que circula en facebook.

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