El diario limeño La República pudo confirmar que el Ministerio Público se encuentra en la oficina de la Dirección General de Administración (DGA) del Congreso, en el Jr. Áncash, debido al caso buffets de S/80 a los legisladores. Una de las fuentes presentes en el arribo contó que los delegados de la Fiscalía se sacaron su chaleco para "pasar inadvetidos". Lo cargaron debajo de su brazo al ingresar a la DGA.

La intervención ocurre tres días después de que el Parlamento cancelara los variopintos platillos consumidos con dinero del tesoro público. En una conferencia de prensa convocada por el Oficial Mayor, José Cevasco, se anunció la existencia novedosa de un "menu variado que será pagado por cada congresista".

El hospicio Ruiz Dávila, sede de la DGA, en la cuadra cinco del Jr. Áncash. Foto: Jessica Merino/URPI-LR

Otra medida asumida en el poder del Estado con 90% de desaprobación fue en la Oficina de Auditoría. El presidente del Congreso, José Williams, y el contralor general, Nelson Shack, decidieron nombrar a Fernando Rosales Cirilo como Auditor General de la Oficina de Auditoría Interna. El cambio había sido advertido por el general en situación de retiro durante el aniversario de la Contraloría, el 28 de febrero pasado. Williams dijo que realizaría modificaciones destinadas a la realización de indagaciones internas sobre los procesos de contratación presuntamente sobreestimados.

Con anterioridad, el dominical "Cuarto Poder" publicó la adenda firmada por la Mesa Directiva de José Williams en favor del aumento del almuerzo congresal. Pasó de costarle al erario S/15,93 en menú a S/80 en buffet. La modificación del contrato fue suscrito el 12 de diciembre del 2022 por S/2 037 537,300.