Por: Luis E. Forero Medina - Abogado/Especialista en Saluderecho

El Congreso de la República del Perú con su carita de “yo no fui”, comienza a echar tijera a las medidas extraordinarias que durante 90 días dictó el gobierno nacional, investido de facultades extraordinarias del legislativo; y empezó nada menos que proponiendo la derogatoria  del decreto legislativo 1323, dado en la Casa de Gobierno el 5 de enero de este año; que fortalecen la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, conductas penales frecuentes en el Perú.

El mencionado decreto busca combatir la violencia familiar y la violencia de género; protegiendo los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, independientemente del vínculo de parentesco con los agresores y víctimas de los mencionados delitos. En los cuatro meses de vigencia del 1323,  han disminuido los feminicidios y ataques al colectivo LGBTI.

Las normas que ahora pretende borrar el Congreso y que desencadenarían en el incremento de la violencia de género, hacen referencia una serie de circunstancias de agravación de esos delitos, penas privativas de libertad mínimas de  15 años por feminicidio, de 25 años cuando se de en condiciones de agravación, y otras sanciones para reprimir esos delitos tan en boga en el Perú. El trámite en el Congreso de ese proyecto va en marchas forzadas, los días 3, 4 y 5 de mayo estuvieron trabajando hasta altas horas de la madrugada en debates en relatoría y en pleno.

Ante tal atrocidad se ha puesto el grito en el cielo; para ONU Derechos Humanos, la derogatoria del decreto  firmado por el presidente “podría llevar a un retroceso en la protección de las personas, en especial de las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex (LGTBI) frente a la discriminación y en el cumplimento de sus compromisos internacionales en derechos humanos.”

La  ONU ha instado  “al Congreso del Perú a revisar estas iniciativas desde el prisma de los derechos humanos, evitando regresiones en la garantía de derechos”. Amnistía Internacional llamó la atención al Congreso de la República por dar un paso hacia atrás en la defensa de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Human Rights for LGBTIQ ha puesto de manifiesto la hipocresía  del Congreso, expresando que “estas son las mismas personas que en 2013 votaron en contra de un proyecto de ley que incluye expresamente la orientación sexual e identidad de género como agravantes categorías para las acciones discriminatorias y los crímenes de odio”.

En informes  anteriores a la vigencia del citado decreto, la Defensoría del Pueblo tiene documentado  asesinatos, intimidación y actos de ensañamiento hacia las personas LGTBI en el Perú, originados por su orientación sexual e identidad de género;  concluyendo que  la mayoría de los  casos quedan  en la impunidad.

@luforero4

NB: Los artículos publicados en la Sección Opinión Libre son de entera responsabilidad de sus autores. El contenido no refleja necesariamente la opinión de Huachos.com