Por: Luis E. Forero Medina - Abogado/Especialista en Saluderecho

Si hay una democracia  maltratada en América Latina, es la del Perú que  ostenta el record de más golpes de Estado; suman ocho,  ocurridos en  1919, 1929, 1948, 1962, 1963, 1968, 1975, y  el auto golpe de 1992 cuando el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso. La historia peruana reseña que durante las anteriores noches oscuras en que se le torció el cuello a la democracia, los derechos humanos fueron echados por la borda y las víctimas continúan sin reparar.

Los golpes de Estado parlamentarios se han presentado varias ocasiones en América Latina; los últimos, el año antepasado  en Brasil; el  31 de agosto de 2016, luego de un “Impeachment”, el Senado de Brasil destituyó formalmente a la Presidenta Dilma Rousseff, por 61 votos contra 20, por supuestos “crímenes de responsabilidad”. Los Parlamentarios, diputados y senadores brasileros  que derrocaron a la presidenta, estaban  comprometidos en casos de corrupción, alrededor de un 60% de sus integrantes. Una turba de ladrones fueron los que dejaron la silla vacía de Dilma, se dijo en los medios de ese país.

En Paraguay, el 22 de junio de 2012, el Senado adelantó  un juicio “express” al Presidente Fernando Lugo  y lo destituyó; supuestamente por su responsabilidad de la muerte de 17 campesinos. Antes de Lugo,  Paraguay vivió 60 años soportando la tiranía de Stroessner.

En Honduras en 2009  el Congreso acusó, secuestró y derrocó a Zelaya; y posteriormente en las  elecciones  convocadas para reemplazarlo, hubo muertos, heridos y cientos de detenidos. En el conteo de los votos se presentó  una "caída del sistema", generando sospechas de fraude electoral.

Con destituir de parte del Congreso de la República  a Dilma, Lugo o Zelaya, tampoco se solucionaron los problemas que aquejan a esos países, mucho menos se ha erradicado la corrupción.

En 2002 en Venezuela se frustró un golpe parlamentario contra Chávez;  y en 1973 el Congreso de la República de ese país  puso en bandeja a los militares al presidente Allende, derrocado y asesinado.

En otros casos, el golpe de Estado ha sido del Ejecutivo al Legislativo, como acaeció en Nicaragua en 2016 cuando el régimen de   Daniel Ortega expulsó a 28 legisladores opositores.

En el Perú y en los demás países de América Latina y el Caribe, donde está vigente el régimen presidencial; éste deriva su poder del pueblo que lo eligió libremente en unas elecciones. Por su lado el Congreso de la República que en el caso del Perú es unicameral, es otra Rama del Poder Público, que como el presidente son elegidos popularmente.

El Congreso peruano no puede asimilarse en sus funciones a un régimen parlamentario, por ejemplo el que rige en España o Inglaterra, en donde el presidente es el Primer Ministro escogido entre los diputados. En un sistema parlamentario el Congreso sí puede destituir al presidente, llámese primero ministro, canciller u otros nombres; en un régimen presidencialista no.

En el caso peruano, el Congreso que cuenta con 130 miembros,  no puede desconocer la voluntad del pueblo depositada en las urnas por 8 millones 580,474 votos a favor de Kuczynski, más del cincuenta por ciento de los ciudadanos; que son los que tienen la última palabra.  

Lo contrario sería un capítulo funesto de la historia peruana en el que se presentaría un  golpe de estado sin balas  ni botas militares, diferente a los anteriores;  pero   se  vería  caer la noche de la democracia e irrespetar la soberanía del pueblo inca. Sería una puñalada  al corazón de Latinoamérica; sería  llevar al Perú, líder en el Continente,  a un momento gravísimo en el ámbito internacional, y a un caos interno mientras dure la transición presidencial; en fin sería un  insulto al voto ciudadano.

En el evento improbable de la pérdida de investidura del  presidente, los organismos internacionales entre ellos  la Asamblea General de la ONU,  aprobarían una resolución pidiendo el restablecimiento del presidente Kuczynski; algunos embajadores abandonarían el país, la OEA aplicaría sanciones y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo congelarían sus préstamos.

En el Perú si el Pleno del Congreso  con mentiras o verdades a medias lleva  adelante su antipatriótico propósito, no destituirían a Pedro Pablo Kuczynski,  sino a la democracia; sería el mayor  latrocinio o abuso en la historia republicana del Perú. El ciudadano de a píe se preguntaría,  ¿Qué significa esto de un “golpe de Estado parlamentario”?, ¿En qué quedó mi voto?

Destituido el primer mandatario, se convocaría a elecciones únicamente si Vizcarra y Aráoz renuncian, evento en el cual la presidencia recae temporalmente  en Luis Galarreta, presidente del Congreso de la República; entre tanto  el pueblo nuevamente decide en las urnas quién será su presidente hasta el 2021.

Los congresistas opositores se han referido a que  Kuczynski estaría “comprando” votos para que la destitución llegue al fracaso. Para PPK  "Esos son cuentazos".

De pasar la segunda prueba, el presidente reiteró  en esta su  semana de  pasión, que  “Lo que Dios nos pidió que hiciéramos y lo que el pueblo nos eligió para hacer, lo haremos.. para que todos tengan ingeniería y progreso, desagüe, puentes, carreteras, colegio, casa, agua, luz y trabajo”.

Al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien siempre ha estado dispuesto a colaborar en las investigaciones,  quien no tiene nada que ocultar y no se rinde, le pueden criticar muchas cosas aquí y allá;  pero jamás que está incurso en  “incapacidad moral”.  De malos comienzos suelen venir peores finales, decía don Baltazar Gracián.

@luforero4