El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, rechazó los cambios a ley de colaboración eficaz aprobados en la Comisión de Justicia del Congreso dirigido por el inefable congresista Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación.

Según dijo este viernes durante un conversatorio, estas modificaciones afectarán la investigación de casos emblemáticos como el de Odebrecht y pretenden “criminalizar” la labor de los integrantes del Ministerio Público.

“El proyecto de ley no solo pretende modificar una norma, sino que busca afectar la lucha contra la corrupción (…) afecta la investigación contra organizaciones criminales”, afirmó el fiscal.

En particular, aseguró que se verían afectados casos emblemáticos para la ciudadanía como Lava Jato y Cuellos Blanco del Puerto, pero también a casos como de tráfico de drogas, minería ilegal o trata de personas, donde la colaboración eficaz es una herramienta central.

Pérez destacó que en el texto aprobado en comisión hay una referencia al acuerdo de colaboración de la Fiscalía con Odebrecht, lo que tendrían la intención de “generar un escenario favorable de impunidad a determinadas personas procesadas”.

El fiscal agregó que en caso se apruebe el proyecto en el Pleno, se afectaría el acuerdo con Odebrecht y la persecución penal en general.

El proyecto fue aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso, que preside Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación. (Foto: Eduardo Cavero | El Comercio)
 

En otro momento, afirmó que el proyecto pretende someter a fiscales a procesos penales. El proyecto busca imponer penas de hasta siete años a funcionarios que revelen el contenido de las declaraciones de colaboradores eficaces.

“Existe una persistencia de buscar sancionar, sea administrativamente o penalmente, a los fiscales. Y producto de la experiencia puedo afirmar que un aspecto que debe tomarse en cuenta (…) es la instrumentalización de la labor legislativa en beneficio de estas [organizaciones criminales]. Es buscar asegurar espacio de impunidad”, afirmó.

Esto va en contra, expresó, del deber que tienen los fiscales de informar sobre casos que son especialmente sensibles para la sociedad. “Conceptos como de reserva del proceso penal no pueden ser interpretados de manera rígida”, expresó el fiscal.

También recordó que las declaraciones de los colaboradores son difundidas durante las audiencias judiciales públicas. “¿Qué se busca con estas reformas? ¿Qué las audiencias sean reservadas?”, cuestionó.

José Domingo Pérez culminó su presentación afirmando que “la reforma del proceso de colaboración eficaz no debe fundarse en los intereses de las personas y grupos políticos procesados penalmente”.

Más posturas de rechazo

El fiscal dio su opinión en un conversatorio donde también estuvieron el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, y la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión.

Juan Carrasco expuso la postura de su ministerio y cuestionó distintos aspectos de la propuesta, como el plazo de entre 8 y 16 meses para que el acuerdo de colaboración sea aprobado por un juez.

A su turno, Silvana Carrión coincidió en las críticas a los plazos y destacó que los procesos de colaboración son incluso más complejos cuando se hacen con personas jurídicas o empresas.

La procuraduría también recordó que otras instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público también se han manifestado en contra de estas modificaciones, así como la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles como Proética.

El cuestionado dictamen del proyecto se aprobó el pasado 19 de enero en la Comisión de Justicia con votos de Perú Liber, Fuerza Popular, Acción Popular, APP, Renovación Popular y Avanza País. En una sesión previa de la misma comisión, representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la procurador Silvana Carrión habían opinado que el proyecto era inviable.

Fuente: El Comercio