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'Juanjo' Santivañez entra de incógnito a su oficina paralela para sus reuniones cuotidianas | VIDEO

Punto Final accedió a cámaras de seguridad en las que se ve a J. J. Santiváñez, actual ministro de Justicia y exministro del Interior, reunido con Marco Palacios, un hombre clave en la investigación fiscal por el caso Ícaro. Según la tesis del MP, Palacios sería un intermediario con Nicanor Boluarte.

 

Lo pescan in fraganti. Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, fue captado reuniéndose en el reconocido restaurante El Cordano, ubicado en el Centro de Lima, con el abogado Marco Palacios Meza, exsocio del estudio jurídico del actual ministro.

 

Fotomontaje.

 

Las imágenes, registradas y difundidas por Punto Final, habrían sido tomadas entre mayo y junio de este año. Según las investigaciones de la Fiscalía en el marco del caso Ícaro, Palacios Meza sería uno de los operadores vinculados a la presunta organización criminal encabezada por Santiváñez.

 

De acuerdo con el programa periodístico, uno de los testigos protegidos que colabora con la Fiscalía declaró que Palacios Meza habría sostenido negociaciones con Nicanor Boluarte para conseguir a su favor un arraigo laboral dentro de la empresa minera El Dorado. Dicho arraigo buscaba evitar una orden de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, quien es investigado por el caso Waykis en la Sombra.

 

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

 

Desde mayo de 2024, cuando fue nombrado ministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, habría encabezado una organización criminal dentro del aparato estatal, según el fiscal Carlos Ordaya del Eficcop. Pese a su censura en el Congreso, mantuvo poder desde un cargo en Palacio de Gobierno y, en agosto, Dina Boluarte lo juramentó como ministro de Justicia. La fiscalía sostiene que sigue liderando esta red integrada por abogados de su estudio, altos mandos policiales y funcionarios públicos.

 

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El juez Víctor Alcócer autorizó allanamientos a nueve investigados, incluidos dos empresarios. Se le atribuyen a Santiváñez cuatro delitos: tráfico de influencias en favor de la minera El Dorado, sobornos para que generales conserven sus puestos, contratación irregular del abogado Percy Tenorio para defender a oficiales implicados en la represión del 2020 y acciones de encubrimiento en favor de Nicanor Boluarte. Colaboradores eficaces lo señalan como cabecilla.

 

Percy Tenorio, exjefe de Operaciones Especiales, es pieza clave en la trama. Primero fue defendido por Santiváñez y luego contratado por él por S/250 mil para representar a generales de la PNP. Según la fiscalía, dirigió el operativo en Ayacucho que favoreció a la minera El Dorado, por el cual empresarios pagaron US$160 mil. Oficiales de alto rango y asesores ministeriales completan esta red.

 

 

La investigación también revela nexos con Nicanor Boluarte, quien habría recibido apoyo empresarial para simular trabajo y evitar prisión preventiva. Santiváñez, considerado abogado de confianza de Dina Boluarte, mantuvo reuniones en Palacio para coordinar su defensa. La red se habría estructurado en dos círculos de colaboradores con funciones específicas para obtener beneficios mediante corrupción y encubrimiento. Santiváñez, ya investigado en 12 procesos, enfrenta ahora un décimo tercero, mientras la mandataria respalda públicamente a su hermano y a su ministro.

 

Fuente: La Republica - Punto Final

 

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