CIUDAD DE GUATEMALA (Reuters) -  En un operativo coordinado por el Ministerio Público, la CICIG y el Ministerio de Gobernación, fue capturada ayer en horas de la tarde la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila por la Policía Nacional Civil (PNC), en inmediaciones de una abarrotería de la zona 9, por el delito de tráfico de influencias.

La orden de aprehensión fue emitida por el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Adrián Rodríguez. A la magistrada se le sindica de pretender influir en las decisiones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, designado para realizar el juicio en contra de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, uno de los sindicados en el caso IGSS-Pisa.

Al momento de su detención Stalling Dávila lleva una peluca y lentes oscuros para pasar desapercibida ante las autoridades. Por la mañana de ayer no fue localizada en su residencia ubicada en la zona 16, luego que las fuerzas de seguridad realizaran un allanamiento en ese lugar. Al momento de su captura le fue incautada un arma de fuego.

"Es un show, un espectáculo, una película más de las que presenta la CICIG. ¿Qué es esto?", dijo indignada en referencia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente respaldado por la ONU y Estados Unidos clave en las investigaciones que llevaron a la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina y parte de su gobierno en 2015.

Antecedentes

La denuncia contra Blanca Stalling Dávila fue presentada por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda el 10 de enero de 2017, quien expuso la forma en que fue abordado por la magistrada, abogando ante él por la suerte de su hijo. Fue citado para presentarse con Stalling el 1 de septiembre de 2016. En su denuncia, el juez Ruano Pineda explicó que tuvo la precaución de grabar la entrevista con la funcionaria para tener prueba de que fue invitado a esa reunión, y que en ningún momento comprometió su trabajo, ni aceptó nada a cambio.

Stalling es la tercera magistrada de la Corte Suprema en ser acusada por la Fiscalía y la CICIG, que desde 2015 lanzó una serie de investigaciones anticorrupción en las que se han visto salpicados decenas de funcionarios, empresarios e incluso la actual familia presidencial.