Roberto Sánchez, candidato presidencial vedette 2026 de Juntos por el Perú.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la cuarta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas.

En la edición de abril 2026, participaron 73 especialistas, consultados principalmente sobre las propuestas de política pública de los tres partidos con mayor intención de voto en la primera vuelta.

Principales resultados

Existe consenso sobre propuestas desfavorables de Juntos por el Perú. A dos semanas de la primera vuelta, 9 de cada 10 de los encuestados considera desfavorables o muy desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respecto a sostenibilidad fiscal (93%), condiciones para la inversión privada (92%), seguridad ciudadana y control de economías ilegales (92%) y generación de empleo formal (89%). Incluso, más de la mitad considera como muy desfavorables a las propuestas en dichos ámbitos. Esto se explica debido a que, en su plan de gobierno y en declaraciones del candidato, se incluyen un conjunto de propuestas contrarias a la inversión privada: cuestionar la autonomía del Banco Central, convocar a una asamblea constituyente, ampliar la actividad empresarial del Estado, romper con el tratamiento igualitario entre inversiones nacionales y extranjeras, y elevar la carga tributaria minera al tiempo que se reducen los plazos sobre las concesiones mineras, entre otros. En el caso de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), la preocupación se concentra en la sostenibilidad fiscal (45%) y la seguridad ciudadana (34%). Por último, en el caso de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el 18% considera desfavorables sus propuestas sobre seguridad ciudadana y control de economías ilegales, un nivel de preocupación menor al registrado para otros candidatos.
   

Urgencia por aclarar temas de cara a la segunda vuelta. Los encuestados consideran que Sánchez debe aclarar las dudas acerca de su agenda de cambios en los pilares de estabilidad macroeconómica del país: 59% pide que detalle su posición sobre la autonomía del BCRP y 41% sobre la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente. Por su parte, el 68% y 59% de economistas respectivamente, señalan que Fujimori y López Aliaga deberían entrar en mayor detalle para que el país cuente con un mejor entendimiento de su posición o propuestas frente a la inseguridad y las economías ilegales. Además, en el caso de estos últimos, se observa la necesidad de un mayor nivel de detalle en sus propuestas. En el caso de Fujimori, sobre la lucha contra la corrupción (56%), y en el de López Aliaga, sobre la sostenibilidad fiscal (49%). Esta última inquietud se explica por la coexistencia, en su propuesta de exoneraciones tributarias y un ambicioso plan de inversiones ferroviarias, sin precisar cómo se financiarían.  
   

La inseguridad sería la prioridad para una eventual delegación de facultades legislativas del próximo gobierno. En caso de que el próximo gobierno solicite delegación de facultades legislativas durante sus primeros meses, los economistas consideran que tanto en el caso de Fujimori (68%) como López Aliaga (59%) deberían priorizar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra las economías ilegales y, en segundo lugar, en simplificación administrativa y el destrabe de proyectos de inversión (34% y 36%). En el caso de Sánchez, considerando su capacidad de gestión, fortalezas y debilidades, el 55% de economistas considera que no debería solicitar facultades legislativas en sus primeros meses de gestión, de ser elegido, una postura coherente con la preocupación mostrada por sus propuestas contrarias a la promoción de la inversión privada.
   

La incertidumbre electoral lidera la percepción de riesgos a la economía en el corto plazo. En abril, la incertidumbre asociada al proceso electoral se consolidó como el principal riesgo sobre la economía en los próximos tres meses según 55% de los encuestados, en una coyuntura en la que el resultado final de la primera vuelta aún no está definido. Esta incertidumbre se reflejó en el mercado cambiario: entre el 12 y 27 de abril, el sol se depreció 3.5%, su segunda mayor depreciación en períodos electorales (sin considerar el episodio de 2021). En esa misma línea, la inestabilidad política alcanzó el segundo lugar (41%) ante una nueva posibilidad de vacancia presidencial. También, el riesgo asociado a la conflictividad social se presentó en el mes (18%) relacionado a las paralizaciones de transportistas en un contexto de mayores costos de los combustibles y una posible reacción adversa al cierre de los resultados electorales. En contraste, otros riesgos como la inseguridad ciudadana (36%), el deterioro a las finanzas públicas (30%) y la incertidumbre a nivel global (14%) se moderaron respecto a marzo. 

Finalmente, los riesgos climáticos se redujeron aún más (1%) desde que llegó a  su pico en febrero (38%).

Quienes son los economistas...