La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría la admisión a trámite de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. Fueron 13 votos a favor, 8 en contra (de las bancadas oficialistas) y 0 abstenciones.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le imputa al presidente Pedro Castillo los presuntos delitos de organización criminal —encabezaría esta red—, tráfico de influencias y colusión. Asimismo, la denuncia constitucional alcanza a los exministros de Transportes y de Vivienda, respectivamente Juan Silva y Geiner Alvarado.

El Congreso inicia así formalmente el proceso. Primero, el expediente deberá ser enviado a la Comisión Permanente para que ratifique la decisión y otorgue un plazo de 15 días para elaborar un informe de calificación de hechos. Luego, vienen varias etapas, incluyendo audiencias con ambas partes.

Durante el debate, el legislador oficialista José María Balcázar (Perú Bicentenario) fue el más férreo defensor del mandatario, al demandar que la denuncia se declare improcedente.

Por su parte, Lady Camones, presidenta del grupo de trabajo, señaló que es la primera vez que la fiscalía de la Nación presenta una denuncia constitucional contra un presidente en ejercicio. “Corresponde a este Parlamento garantizar la búsqueda de la verdad y que ésta se realice en el marco del respeto del debido proceso”, exclamó.

Como se sabe, lo que busca la fiscalía es continuar con la investigación al presidente —que empezó en etapa preliminar— y formalizarla para dar pie a la etapa preparatoria. Expertos en derecho parlamentario han señalado que para que prospere el caso, además, el jefe de Estado tendría que ser vacado o suspendido de su cargo.