Dina Boluarte ha sido denunciada constitucionalmente por tercera vez en un mismo día por la Fiscalía de la Nación. 

En esta ocasión, el organismo autónomo liderado por Delia Espinoza realiza la acusación en el marco del denominado caso 'Cirugías', sindicándola de omisión de funciones y abandono de cargo. Según el comunicado de la Fiscalía, la mandataria habría abandonado su cargo durante el 29 de junio y el 9 de julio del 2023, sin comunicar al Congreso de la República el impedimento físico temporal al que se encontraba sometido por las intervenciones quirúrgicas.

Como se sabe, Boluarte se sometió, según el testimonio de su cirujano, Mario Cabani; a una serie de intervenciones estéticas. Estas cirugías la habrían mantenido fuera del cargo presidencial durante el periodo comprendido en las fechas mencionadas anteriormente. Boluarte, anteriormente, negó la naturaleza de las intervenciones y aseguró que no se ausentó del cargo presidencial tal como se le sindica. Cabe mencionar que, durante el tiempo en el que se presume que Boluarte estuvo inhabilitado, fueron firmados una serie de decretos supremos.

Esta es la tercera denuncia constitucional presentada contra la mandataria en menos de un día y la quinta presentada en menos de una semana. Anteriormente, la mandataria recibió denuncias constitucionales por contrataciones irregulares, las muertes ocurridas en las protestas contra su Gobierno en 2022 y 2023, enriquecimiento ilícito (caso Rolex), encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón (caso Cofre) y, ahora, por el abandono de su cargo (caso Cirugías).

Última denuncia constitucional ante el Congrreso contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra y Juan José Santiváñez Antúnez.

La más reciente acusación la vincula con el presunto encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón, facilitando su huida en un vehículo oficial del Estado, en un caso conocido como “El Cofre”. Según la Fiscalía, Boluarte habría cometido el delito de encubrimiento personal, mientras que el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, es investigado por omisión de denuncia. Con estas nuevas imputaciones, la situación judicial de Boluarte se torna cada vez más comprometida, en un contexto político marcado por la desconfianza ciudadana y el debilitamiento institucional.