Desde hace algunos meses, hemos seguido con atención los nuevos emprendimientos chinos en nuestro país. Las inversiones chinas se han ido diversificando paulatinamente en la última década, en el marco de la “optimización” del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República Popular China y el décimo aniversario del lanzamiento de la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” a la que el Perú se ha adherido hace algunos años.

Desde que la empresa estatal china Shougang adquirió el proyecto Marcona, producto de la privatización de Hierro Perú (que culminó formalmente en 1993), las inversiones chinas han ido transitando desde la explotación minera con exportaciones sin mayor valor agregado de productos como el cobre, el zinc, molibdeno, entre otros; pasando por las inversiones en infraestructura y construcción.

Luego del escándalo de corrupción Odebrecht/Lava Jato que involucra a funcionarios y autoridades, así como a empresas peruanas, China ingresó al sector aprovechando este vacío, e invirtiendo en la construcción de diversos tipos de infraestructura, como carreteras, el intento de construir la Hidrovía Amazónica, así como recientemente otro tipo de infraestructura como el Megapuerto de Chancay.

La inversión en el sector de generación, transmisión y distribución eléctrica, ligado directamente al sector minero por su alta demanda de energía, creció de 1.7 GW de capacidad a 2.7 GW entre 2005 y 2023. La mayor parte de estas inversiones se han llevado a cabo en la cuenca del río Marañón, donde incluso se proyectó la construcción de 20 centrales hidroeléctricas, las mismas que afectarían irremediablemente los medios de vida de las poblaciones y su medio ambiente. Los escándalos por corrupción que involucraron a empresas brasileras y peruanas fueron aprovechados como una oportunidad por empresas como China Three Gorges Corporation, que en 2017 adquirió la hidroeléctrica Chaglla construida por Odebrecht sobre el Río Huallaga con una generación de 456 MW1.

En abril del año pasado, la empresa Enel, cuyo principal accionista es el ministerio italiano de Economía y Finanzas[3], anunció la venta de sus acciones a la empresa China Southern Power Grid, por 2900 millones de dólares. Ya en 2020 Luz del Sur había sido vendido a la empresa China Three Gorges Corporation, propietaria de Chaglla, como señalamos anteriormente; configurándose la concentración del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de empresas chinas; resultando que en Lima Enel (China Southern Power Grid) maneja el 54% de la electricidad, mientras que el 46% restante está en manos de Luz del Sur, la cual fue adquirida en 2019 por la empresa estatal China Three Gorges Corporation (CTG).

El 5 de febrero pasado, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) autorizó la operación de concentración empresarial solicitada por China Southern Power Grid International (HK) CO., Limited (CSGI HK) para la compra de Enel Distribución Perú S.A.A. (Enel Distribución) y Enel X Perú S.A.C. (Enel X), con el cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas garantizar que las tarifas del servicio público de electricidad no se incrementen en el futuro, producto de una menor competencia.

Sin embargo, la preocupación está allí. Ya en abril pasado la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) alertó sobre la anunciada transacción, expresando públicamente “nuestra preocupación, ya que dicha operación representaría una concentración del 100% del mercado eléctrico de Lima en manos de empresas distribuidoras de propiedad del Estado chino”. En esta oportunidad la SNI se ha pronunciado solicitando a Indecopi que, dada la complejidad de la operación, debería publicar en la brevedad posible la resolución definitiva de dicha autorización, la misma que aún está en standby.

Por otro lado, también se han escuchado voces desde la administración Biden, mostrando la preocupación de Estados Unidos en este enfrentamiento geopolítico global y sus implicancias comerciales, como señaló un informe de The Financial Times en octubre pasado.

Por su parte las organizaciones de la sociedad civil y el público en general vienen expresando también su preocupación por las implicancias de una concentración empresarial que podría afectar los precios a los consumidores, desmejorando sus condiciones de vida.

Fuente: CooperAcción