Un reportaje emitido por Cuarto Poder reveló la contratación en el Congreso de la República de familiares directos de agentes del INPE y de un exdirector del penal de Barbadillo, en Ate, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo.

 

La investigación detalló que estas personas obtuvieron puestos de trabajo remunerados en despachos de congresistas, en la bancada parlamentaria y en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, espacios vinculados a la agrupación Juntos por el Perú.

 

Esta coincidencia generó cuestionamientos sobre si las contrataciones representan un beneficio concedido al personal carcelario encargado de hacer cumplir las normas de internamiento del exmandatario, quien permanece recluido tras su fallido quiebre constitucional de diciembre de 2022.

¿Qué funcionarios y familiares están involucrados en las contrataciones?

 

Entre los casos figura Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, técnica en la oficina de la diputada Azucena Isla Rojas con un sueldo de 8300 soles. La funcionaria es hija de Calixtro Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo. Cámaras de América Televisión registraron al director trasladando en su auto a un visitante del exjefe de Estado tras salir del penal el pasado 18 de octubre. Asimismo, se detectó la contratación de Alejandro Nicolás Hurtado Paz como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con un sueldo de 8000 soles, hijo del agente del INPE Juan Ramón Hurtado Barrenechea.

 

Yulissa es hija de Calixtro Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo.

 

Padre e hija.

 

 

A estos nombramientos se suma el ingreso del exdirector del penal de Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, como asesor en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la parlamentaria Catherine Palomino Casavilca. Su incorporación genera suspicacias debido a que la comisión evaluará proyectos de amnistía. Sandoval había sido citado anteriormente por la Comisión de Fiscalización en 2023 por supuestas facilidades otorgadas al expresidente.

 

¿Qué señalaron las autoridades y los contratados tras la denuncia?

 

La diputada Azucena Isla Rojas aseguró que la incorporación de Yulissa Lucero obedeció a un requerimiento de su despacho y negó categóricamente que Pedro Castillo le haya sugerido el nombre de la trabajadora. Asimismo, sostuvo no conocer al director del establecimiento penitenciario.

 

Por su parte, los trabajadores Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado declinaron emitir comentarios ante la prensa sobre la influencia de sus padres en sus nombramientos. En tanto, Héctor Sandoval desestimó cualquier interferencia del exmandatario en su llegada a la Comisión de Justicia y remitió las consultas sobre sus méritos profesionales a la oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República.

 

Fuente: La Republica - Cuarto Poder