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El insidioso "pattern" autocrático de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Perú

La Sociedad Interamericana de Prensa rechaza el proyecto de la presidenta Dina Boluarte que atenta contra la libertad de prensa y expresión. Pide retirar su proyecto del ley que busca sancionar a periodistas que opinen a favor de protestas.

Cuando se trata de recortar las libertades de opinión y expresión, el Ejecutivo y el Legislativo se entienden de maravillas. Trabajan macomunadamente para llegar a su fin como fue también el caso en el gobierno del golpista Pedro Castillo, ambos buscaban por todos los medios amordazar a la libertad de prensa.
Cuando se trata de recortar las libertades de opinión y expresión, el Ejecutivo y el Legislativo se entienden de maravillas. Trabajan macomunadamente para llegar a su fin como fue también el caso en el gobierno del golpista Pedro Castillo, ambos buscaban por todos los medios amordazar a la libertad de prensa.

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo al proyecto del Ejecutivo que propone modificar el Código Penal de Perú, que responsabilizaría y penalizaría a los medios de comunicación por informar sobre protestas sociales contra el Gobierno que terminen en disturbios.

 

"En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva para expresar ideas, oposición o denuncias. Restringir esos principios atenta de forma flagrante contra las convenciones internacionales sobre derechos humanos", dijo el presidente de la SIP Michael Greenspon,

 

       

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó una reforma al Código Penal de Perú que responsabilizaría y penalizaría a la prensa por informar sobre las protestas sociales que deriven en disturbios. La organización consideró que la medida es contraria a principios internacionales sobre libertades de prensa, expresión y asociación.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso la modificación del Código Penal para castigar penalmente a los instigadores de disturbios en manifestaciones públicas. La medida incluye como instigadores a creadores de contenido, usuarios de redes sociales y a periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales.

 

       

 

El pasado 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte pidió al Parlamento la modificación del Código Penal para castigar penalmente a quienes calificó de "instigadores de disturbios" en manifestaciones. En el documento especificó que instigadores serían los creadores de contenido, usuarios de redes sociales, periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales.

 

Extracto del proyecto del Ejecutivo que propone "sancionar a los instigadores".

 

La  Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al Gobierno de Boluarte Zegarra retirar el proyecto de modificación del Código Penal "por cercenar derechos que están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos y arraigados en las sociedades democráticas".

 

CPP pide retiro de propuesta del Ejecutivo que criminaliza derecho a informar sobre protestas

 

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) pide retirar la disposición del punto 3.1.2 inciso C del Código Penal, en la que el Poder Ejecutivo propone una modificatoria que atenta contra la libertad de expresión, refirió la asociación.

 

En dicho punto, se señala: “Sancionar a los instigadores del delito de disturbio (…), ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.

 

 

Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Gremio matriz de los trabajadores y las trabajadoras periodistas

 

La Comisión de Constitucion del Congreso ha agendado el debate del proyecto de ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana que pretende criminalizar la actividad informativa.

 

 

Advertimos el peligro de la propuesta de modificación al Código Penal que busca "Sancionar a los instigadores del delito de disturbio" en el marco de las protestas, que hace alusión directa a la actividad informativa en medios de comunicación

 

ELProyecto de Ley 5632/2023-PE señala que hay comunicadores que "utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia". Enunciado es grave al hacer una imputación directa, impondría restricciones informativas y afectaría derecho a información.

 

 

 

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