La Contraloría General identificó que trece municipalidades distritales y una municipalidad provincial no realizaron una adecuada focalización de hogares en la región Huancavelica, al haber incluido a 31 personas fallecidas como beneficiarios para la entrega de canastas básicas familiares, afectando la transparencia y eficacia de la distribución de alimentos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19.

Este hecho con indicio de irregularidad se dio a conocer luego de la comparación entre el registro de las entidades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” con la base de datos del RENIEC y con la información contenida en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) evidenciándose que registraron como beneficiarios a personas que tienen condición de fallecidos.

Entre los casos más relevantes se registra en la Municipalidad de San Marcos de Rocchac, provincia de Tayacaja, donde se detectaron once personas fallecidas, debido a que en el “Acta de entrega” utilizaron los datos de esas personas y no adjuntaron en la plataforma de la Contraloría los registros respectivos, generando incertidumbre respecto a la entrega efectiva de las canastas.

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De la misma manera en la provincia de Tayacaja, se identificó similar situación en las municipalidades distritales de Ñahuimpuquio (2), Quichuas (1), Salcahuasi (1), Pichos (2) y Colcabamba (1). Asimismo, en las comunas distritales de Anco (3) y El Carmen (1), de la provincia de Churcampa, y en las municipalidades distritales de Secclla (1) y Anchonga (1) de la provincia de Angaraes.

En la Municipalidad Provincial de Huancavelica se registraron 3 casos y 2 en la comuna distrital de Yauli. En la provincia de Castrovirreyna se presentaron casos en la Municipalidad Distrital de Arma (1) y en la Municipalidad Distrital de Córdova (1), de la provincia de Huaytará.

En los 14 informes de Acción de Oficio Posterior  5383, 5484, 5559, 5558, 5299, 5384, 5483, 5301, 5302, 5482, 5300, 5298, 5303 y 5241 realizadas a las municipalidades distritales y provincial se corroboró que la fecha de fallecimiento de los beneficiarios fue anterior a la entrega de la canasta básica familiar, evidenciándose que no cumplieron con su responsabilidad exclusiva de realizar una adecuada identificación y priorización de los hogares vulnerables.

Las situaciones adversas identificadas en los informes de control fueron comunicadas a los titulares de los gobiernos locales con la finalidad de que dispongan medidas destinadas a lograr una eficiente gestión como integrantes del Sistema Nacional de Focalización, dirigida al correcto uso de los recursos públicos en el marco de la política social del Estado.