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Fiscalía pide 6 años y 8 meses de prisión contra "Tín" Lozano por enriquecimiento ilícito

El ahora presidente de la Federación Peruana de Fútbol en su condición de alcalde de Chongoyape (Lambayeque) abusó de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio en más de S/2.8 millones.

Agustin Lozano fue alcalde distrital de Chongoyape en dos períodos consecutivos (2011-2014 y 2015-2018) por el partido Alianza Para el Progreso, propiedad de un tal Cesar Acuña.  La Fiscalía considera que el crecimiento de su patrimonio económico se dio justo en estos años si poder justificar como  y donde consiguió el dinero.
Agustin Lozano fue alcalde distrital de Chongoyape en dos períodos consecutivos (2011-2014 y 2015-2018) por el partido Alianza Para el Progreso, propiedad de un tal Cesar Acuña. La Fiscalía considera que el crecimiento de su patrimonio económico se dio justo en estos años si poder justificar como y donde consiguió el dinero.

 

El Ministerio Público presentó este jueves una acusación y solicitó 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, por el delito de enriquecimiento ilícito.

 

De acuerdo con la acusación realizada por el 3° Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Lozano Saavedra en su condición de alcalde de Chongoyape (provincia de Chiclayo, región Lambayeque), abusó de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio en más de S/2.8 millones, sin lograr justificar dicho desbalance.

 

Lozano fue alcalde distrital de Chongoyape en dos períodos consecutivos (2011-2014 y 2015-2018) por el partido Alianza Para el Progreso. La Fiscalía considera que el crecimiento de su patrimonio económico se dio justo en estos años.

 

       

 

 

Según la investigación fiscal, durante los dos periodos que ejerció el cargo de alcalde de Chongoyape (2011 - 2014 y 2015 – 2018), Lozano Saavedra habría abusado de su posición al incrementar ilícitamente su patrimonio, con la adquisición de muebles, inmuebles, capital social, empresas y otros, apreciándose un desbalance patrimonial de más de S/ 2.8 millones, según la conclusión del informe pericial contable financiero practicado.

 

La tesis fiscal señala que, para encubrir estos movimientos, habría utilizado como testaferros a seis trabajadores y dos familiares.

 

En dicho documento se presentó el análisis del movimiento económico y la valoración patrimonial del investigado, indicando que, por ejemplo, habría obtenido la propiedad de una ferretería que estaría registrada a nombre de un árbitro de fútbol, quien sería su testaferro. Al poco tiempo, habría adquirido un predio de material de abobe, el cual convirtió en un hotel. Junto a estas compras, habría adquirido también un vehículo cuyo costo asciende a US$ 24 mil.

 

De las pesquisas se conoce que el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol también habría costeado la construcción de la vivienda de su padre, mientras compró un terreno de 40 hectáreas donde construyó una casa tipo hacienda. Un año después, habría reedificado la casa de sus suegros, para después adquirir dos instituciones educativas de Chiclayo, dos estaciones radiales y un equipo de fútbol.

 

 

       

 

 

 

En el 2018, Lozano Saavedra asumió el cargo de presidente en la Federación Peruana de Fútbol.

 

El actual titular de la FPF también ha sido investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el caso de la reventa de entradas en el marco de las Eliminatorias Mundial de Rusia 2018.

 

Asimismo, el pasado 15 de diciembre del 2022, la Fiscalía inició una investigación contra Agustín Lozano y 12 miembros más de la directiva de la FPF por presunta comisión de actos de corrupción.

 

De acuerdo con la tesis fiscal, se trataría de una organización criminal que usó a la FPF para repartir montos de dinero entre clubes de fútbol profesionales de primera y segunda y clubes departamentales para la cancelación de obligaciones y deudas.

 

Respecto a esta investigación, el pasado 20 de octubre, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada efectuó diligencias en la Villa Deportiva Nacional (Videna). Durante la diligencia, procedió a recabar información correspondiente a los montos dinerarios asignados por parte de la FPF a los clubes de la Liga 1 y 2 de fútbol peruano, a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, a la empresa Perú 1190 Sports, entre otros.

 

El Ministerio Público señaló que había solicitado la lista de integrantes de la asamblea de bases, información administrativa y relación de viajes efectuados por miembros de dicha asamblea.

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