Por: Nelson Shack - exContralor General de la República

Esta semana, el Congreso de la República no logró aprobar, en segunda votación, la reforma constitucional que proponía restablecer la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes por un periodo adicional de cuatro años.

Finalmente, de acuerdo con la normatividad vigente, la iniciativa fue derivada a la posibilidad de ser sometida a referéndum y, en caso de que se aprovechen las elecciones generales de 2026 para efectuar esta consulta popular, sus resultados ya no se aplicarían a las elecciones regionales y municipales de 2026.  Es decir, para el periodo 2026-2030 no habrá alcaldes ni gobernadores reelectos.  

Esta decisión política, que parece evitar una medida potencialmente impopular, plantea una pregunta de fondo: ¿es válido dejar de lado la objetividad y ceder ante la presión, en lugar de permitir que los ciudadanos evalúen directamente a sus autoridades y decidan, mediante voto, si merecen continuar por un periodo más? En muchas regiones, provincias y distritos del país, hay gestiones que vienen siendo bien valoradas por la población y podrían tener su respaldo.

Muchas veces, medidas que pueden sonar impopulares terminan alejando a las pocas autoridades competentes que sí están impulsando proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo. Son autoridades que inteligentemente se rodean de equipos técnicos profesionales y que contribuyen a una gestión pública eficiente.

Un reciente estudio del Instituto de Estudios Peruanos revela que la ciudadanía no tiene una percepción tan negativa de sus autoridades más cercanas, como sí la tiene del Ejecutivo o del Legislativo. El 23% califica como buena o muy buena la gestión de los alcaldes distritales, mientras que el 42% la considera ni buena ni mala. Para los alcaldes provinciales, estas cifras son 27% y 41%, respectivamente; y para los gobernadores regionales, 24% y 40%. Y es que los ciudadanos conocen su realidad local. Saben dónde hay ineficiencia y corrupción. La reelección no es sinónimo de impunidad, pues los casos de mala gestión seguirán siendo denunciados por la sociedad civil y los medios de comunicación, como ha ocurrido históricamente.

No se trata de permitir la reelección inmediata de todas las autoridades, sino de abrir la posibilidad para que aquellas que han demostrado compromiso, resultados y vocación de servicio sean premiadas con un mandato popular sucesivo adicional.  

Interrumpir una gestión razonablemente eficaz solo por el deseo de marcar distancia con la administración anterior implica un retroceso para la comunidad, pues se detienen obras en curso y se abandonan buenas prácticas. Dada la necesaria curva de aprendizaje —especialmente luego de gestiones exitosas—, cambiar a las autoridades implica empezar de cero con un alto costo institucional. Como no tenemos una carrera meritocrática, flexible e inclusiva, el primer año de una nueva gestión suele estar marcado por el cambio masivo de profesionales (no solo de los gerentes) y la reestructuración de prioridades y, en muchos casos, el abandono de servicios esenciales o de proyectos prioritarios.

El Congreso no debió temer a la aprobación de esta reforma. Recompensar a los buenos gobernadores y alcaldes —y a los equipos técnicos que los acompañan— podría permitir: continuidad en proyectos de infraestructura de mediano y largo plazo; dar mayor transparencia y rendición de cuentas; apostar por la profesionalización de la gestión regional y municipal; brindar estabilidad política y gobernabilidad; y especialmente, fortalecer la democracia al permitir que los ciudadanos decidan si desean mantener a sus autoridades cuando estas han demostrado ser competentes.

La reelección de gobernadores y alcaldes puede no ser popular, pero parte esencial de un sistema democrático es permitir que sean los ciudadanos quienes decidan si una gestión merece continuar. Otorgar la posibilidad de reelección inmediata por única vez a gestiones con resultados comprobados puede evitar interrumpir procesos positivos y garantizar la continuidad de los avances logrados. Cada cambio de gestión implica reiniciar desde cero, y eso es absolutamente lógico solo cuando las cosas están mal. Debiéramos dejar que el pueblo haga su evaluación y decida.