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La transparencia no es un favor. Es un mandato constitucional y una obligación ineludible para todo alto funcionario del Estado. En el caso del aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte, no puede haber confidencialidad ni opacidad.
Siendo un asunto fundamental que compromete el uso de recursos públicos, la ciudadanía debe estar informada durante la deliberación y conocer oportunamente los fundamentos de cada decisión.
En ese marco, resulta urgente la necesidad de garantizar que entidades claves como la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información sean independientes del poder político.
Hacer política con transparencia genera legitimidad y confianza, aspectos claves para recuperar la gobernabilidad.
Asi mismo Transparencia Perú hace saber la indignación ciudadana frente a nueva frivolidad presidencial.
