El lucro fácil y sin límites es la principal causa.

El asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz (La Libertad) evidenció los nexos entre algunos policías con brigadas de seguridad informales que operan en la zona: R&R, empresa subcontratada para la que trabajaban las víctimas, pertenece a Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas, dos agentes en actividad.

El primero de ellos fue investigado por apropiación ilícita de material minero. No es el único: un análisis de OjoPúblico identificó que, entre 2019 y 2024, al menos, 96 efectivos fueron investigados en 37 casos de minería ilegal en La Libertad, Piura, Ica, Puno, Ucayali, Loreto, Arequipa y Amazonas, entre otras regiones.

Los casos fueron evaluados por el Tribunal de Disciplina Policial. Aunque no todos llegan a esta última instancia administrativa, las investigaciones han aumentado en los últimos años. Aun así, la impunidad persiste: las sanciones son escasas y varios procesos se archivan pese a las evidencias. Los policías han sido denunciados por robar mineral, filtrar información de operativos a mineros ilegales y alterar la cadena de custodia de oro intervenido, entre otros temas.  [Sigue...]