El abogado Daniel Soria- quien vuelve a la Procuraduría General del Estado, tras un fallo judicial- afirmó que tiene “un profunda preocupación” por la “erosión” de la institución por parte del gobierno de Pedro Castillo en los últimos meses. Agregó que espera que el Estado de Derecho “no se siga degradando”.

— El gobierno aún no publica la resolución que lo repone en el cargo de procurador general. ¿Hasta cuándo esperará antes de interponer nuevas acciones legales?

Efectivamente, el ministro de Justicia [Félix Chero] ha señalado que el proyecto de resolución ha sido ya expedido por su oficina y el siguiente paso es que vaya al Despacho Presidencial, entonces si el procedimiento concluye el día de mañana [viernes] en la edición del diario oficial “El Peruano” saldría publicada la resolución, eso es lo esperable y lo deseable. En caso de que por alguna circunstancia ello no suceda quisiera nuevamente recordar que estamos ante una decisión judicial de ejecución inmediata, y que esta no es impugnable.

Si esta medida no es acatada el juez tiene las atribuciones legales para determinar consecuencias frente a la negativa que van desde multas hasta enviar información al Ministerio Público por la comisión de presuntos delitos como el de resistencia a la autoridad, o incluso promover procedimientos de destitución. No queremos llegar a eso, la idea es que esta sentencia se cumpla de manera pacífica y civilizada.

—A inicios de febrero, usted fue destituido del cargo de procurador general por el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres. A los pocos días, este asumió la PCM. ¿Qué sensación le dejó ello? ¿El presidente lo premió por haberlo retirado?

Yo no podría dar una respuesta a esa pregunta, porque ese cambio [de Torres a la PCM] es político, depende del presidente. Lo que sí podría ratificar es que esa resolución [de destitución] fue emitida sin ningún sustento legal, aplicando una norma que no correspondía y ese fue el motivo de la presentación de nuestra demanda de amparo. Y hablando de la resolución en sí misma, esta es contraria a ley y por eso ese acto de cese fue cuestionado en el Poder Judicial con éxito hasta la fecha.

—¿Le llamó la atención que el Congreso no fuese más firme con Torres ante su destitución?

Los procedimientos parlamentarios tienen sus reglas de activación. Yo en realidad no me voy a pronunciar sobre los procedimientos que debieron haberse hecho, eso compete a la esfera del Congreso, que es la que impulsa los juicios políticos por infracción a la Constitución o eventuales censuras tratándose de ministro, pero es un ámbito parlamentario sobre el cual yo no me puedo pronunciar.

—El Ejecutivo retrocedió y ha aceptado restituirlo en el cargo de procurador general del Estado. ¿Usted interpreta esta medida como una victoria? ¿Su retorno a la PGE es un revés para el gobierno de Pedro Castillo?

Yo no hablaría de victorias personales, en todo caso es un punto a favor de la institucionalidad del Estado, porque el Estado peruano tiene que estar al servicio de los ciudadanos, no puede debilitarle, no puede erosionarse. La idea de la ejecución de esta sentencia es empezar a trabajar por el fortalecimiento de la Procuraduría General del Estado. Esto es algo que he estado resaltando en los últimos días, es importante fortalecer las instituciones más allá de las personas, porque yo podré estar un día, pero es por un tiempo limitado. La idea es que aquel que esté en el cargo deje una mejor institución para los que vengan en el futuro y ese es mi propósito. No es para mí una victoria de una persona, sino de un marco jurídico.

—El juez Jonathan Valencia determinó en su fallo que su destitución por “pérdida de confianza”, que se dio en febrero, no respetaba lo dispuesto por la ley de la PGE. Si esta resolución es confirmada en segunda instancia, ¿el presidente Castillo y el hoy primer ministro Torres podrían ser denunciados constitucionalmente por infracción del artículo 118 de la Carta Magna?

Sí, en efecto, una vez concluido el proceso constitucional en segunda instancia, digamos si la Corte Superior ratifica la sentencia [de restitución], el Código Procesal Constitucional establece determinadas consecuencias, hay un artículo que se titula “responsabilidad de los agresores” y, precisamente, tiene que ver con una evaluación ya posterior sobre si los funcionarios involucrados en estos actos lesivos han cometido infracciones u otro tipo de faltas. Y hay que recordar que el artículo 118 de la Constitución señala que el presidente de la República debe cumplir las leyes y las resoluciones judiciales. Entonces, en el primer caso cumplir la ley implica hacer lo que la ley dice, literalmente, su inobservancia puede llevar a consecuencias como el inicio de un juicio político, pero esa es una decisión que será tomado al final por el juez, él determinará si corre traslado al Congreso de los actuados.

Daniel Soria: "Respaldamos la continuación de las investigaciones [contra el presidente Castillo]"

El abogado, que ha sido restituido por el Poder Judicial como procurador general, afirmó que revisará la actuación que han tenido sus antecesores en las pesquisas en contra del jefe de Estado.

—¿Los ex procuradores generales María Caruajulca Quispe y Javier León Mancisidor han sido funcionales al gobierno? ¿Por qué?

Yo en realidad he optado por no hacer comentarios concretos sobre mis antecesores, pero lo que sí quiero decir es que tengo una profunda preocupación por esta desestabilización y erosión de la Procuraduría General del Estado en estos meses. Entonces, uno de los propósitos a futuro es fortalecer esta institución, primero garantizando su autonomía y que la Procuraduría General, como cabeza del sistema de defensa jurídica del Estado, sea también la entidad que garantice la autonomía de los procuradores y procuradoras en general frente al poder.

—¿Cuáles serán sus primeras acciones cuando se concrete su retorno a la PGE?

A ver, digamos que hay dos grandes temas, uno de ellos tiene que ver con la competencia de la Procuraduría General en aquellos casos donde están involucrados altos funcionarios, necesito un estado de la cuestión sobre cómo se ha intervenido en estos meses y corregir lo que haya que corregir y perfeccionar las intervenciones que no han sido adecuadamente realizadas, y sostener este trabajo en el tiempo. En segundo lugar, la Procuraduría General es el ente rector del sistema de defensa jurídica del Estado. Hay que tomar en cuenta que es una institución nueva, que entró a operar en febrero de 2020, lamentablemente un mes antes del inicio de los confinamientos por la pandemia y eso atrasó su implementación.

El segundo tema a trabajar es el de la gestión institucional y dejar esa gestión afiatada para para un sucesor que venga posteriormente. Y al respecto, yo quisiera precisar que el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado hizo, en diciembre último, una propuesta para modificar su norma para que sea la Junta Nacional de Justicia la que nombre al procurador general, a través de un concurso público, y también la que le inicie proceso disciplinario. Hay un proyecto similar de la congresista Susel Paredes y del propio Ejecutivo con el ministro Chero. Acá hay puntos de encuentro, y yo le pediría respetuosamente al Congreso que evalúa esta propuesta y, de ser posible, que la apruebe en esta legislatura que acaba en diciembre. Mi deseo es que el próximo procurador o procuradora general tenga una legitimidad reforzada por esta nueva forma de elección.

—Durante los casi nueve meses que lleva fuera de la PGE, el presidente Castillo ha acumulado cinco investigaciones preliminares activas, cuatro de estas por presunta organización criminal. ¿Cuál será la postura de su despacho frente a estas causas?

Nosotros vamos a intervenir de acuerdo a ley en esas investigaciones y luego en los procesos judiciales que eventualmente se abran. Los procuradores son los abogados del Estado y la idea es participar en dos grandes frentes: el primero es aportar algunos elementos de convicción en las investigaciones, y el segundo, ya cuando avance las investigaciones y procesos judiciales, tenemos la misión de solicitar la reparación civil, no bastan condenas, sino que también hay que recuperar ese dinero que ha sido extraído ilegalmente de las arcas del Estado.

—¿Respalda la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación ha interpuesto en contra del presidente Castillo?

Es importante respaldar todas aquellas investigaciones donde haya elementos de convicción que nos permitan determinar que estas deben continuar. En este caso, efectivamente la Fiscalía de la Nación ha concluido lo que se llaman diligencias preliminares iniciales y tienen un conjunto de elementos de convicción que son lo suficientemente sostenibles para poder pasar a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria, entonces debe continuarse la investigación preparatoria [contra el presidente]. Pero hay un paso previo que se debe transitar en el caso de los altos funcionarios, hay que pasar por el Congreso.

Ya la fiscal ha termina un primer trabajo, ha entregado un primer producto de investigación y ahora está en manos del Congreso interpretar la Constitución y determinar si el camino continúa para que la investigación preparatoria se lleva a cabo. Y ahí es donde también la procuraduría estará presente.

—Su respuesta me da a entender que sí respalda la denuncia constitucional. ¿Es así?

Respaldamos la continuación de las investigaciones [contra el presidente Castillo], efectivamente eso implica respaldar que esa denuncia, que esas diligencias preliminares puedan continuar en investigación preparatoria pasando por el Congreso, previamente.

—La fiscal Benavides le ha solicitado al Congreso realizar una interpretación del artículo 117 de la Constitución “conforme” a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que el Perú suscribió. ¿Para usted es constitucionalmente viable?

Yo como profesor de Derecho Constitucional también creo que hay algo importante que decir, lamentablemente en nuestra Constitución tenemos instituciones tales como la vacancia por incapacidad moral, las causas de acusación constitucional al presidente, de acuerdo al artículo 117, y o las infracciones a la constitución, estas son instituciones del siglo XIX, que por diversas circunstancias políticas nunca se cambiaron y modernizaron. Esto genera un gran problema de interpretación que tiene que solucionar, en primera instancia, el Congreso. El artículo 117 estuvo pensado para una sociedad peruana de hace más de 150 años [atrás] y no se condice con una democracia actual. Lo correcto hubiera sido haber modificado ese artículo hace mucho tiempo y más aún cuando entró en vigencia la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción…

—¿Puede la procuraduría general tomar acciones respecto al hostigamiento en contra del coronel PNP Harvey Colchado?

Básicamente, las acciones que podrían darse en contra de algún integrante de la Policía tienen un canal de protección, a través, de los procesos judiciales. Y hasta donde tengo entendido coronel Colchado ha presentado un amparo, que ha sido programado para el próximo año. Pero también existe la institución de la medida cautelar dentro del amparo, no sé si el abogado de la causa, que es el jurista Luciano López haya hecho eso, pero ese es el camino. La Procuraduría General insisto es la reunión de los abogados y abogadas que defienden los intereses del Estado en los procesos judiciales, en los arbitrajes, entre otros, pero no defiende a los funcionarios, ellos tienen que propios mecanismos de defensa.
 

—El ex procurador César Azabache ha referido que el presidente no tiene ninguna protección constitucional en lo civil. Agregó que usted puede “proteger las indemnizaciones que derivan” de los presuntos delitos que se le imputan a Castillo. ¿Qué acciones concretas tomará en este campo?

Eso es parte del trabajo de un procurador para conseguir la reparación civil. Por ejemplo, en el caso de la procuraduría ad hoc Lava Jato, que dirige Silvana Carrión, ella constantemente ha informado de los avaneces de su gestión a la opinión pública, y ustedes podrán recordar que ella ha mencionado la cantidad de embargos que ha trabajado en esos casos. Entonces, sí efectivamente se pueden tomar medidas que congelen patrimonio, porque esto nos servirán para que al final el Estado cobre la reparación civil.

—Una vez que usted regrese oficialmente a la PGE, ¿va a solicitar estas medidas en contra de los empresarios Fermín Silva, Alejandro Sánchez y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina?

Aquí tiene que funcionar el sistema en su conjunto, hay que aclarar que la Procuraduría General del Estado actúa directamente sobre los altos funcionarios, nosotros tenemos a la procuraduría anticorrupción, son ellos entiendo los que deben haber tomado algunas medidas o tomarán algunas medidas para salvaguardar el patrimonio [de los integrantes del llamado “buró político”] para efectos de una reparación civil.

—¿Y respecto al presidente Castillo, la PGE va a pedir que se le congelen sus cuentas bancarias, que no pueda transferir las propiedades que tenga en Cajamarca?

En su momento debido se va a hacer esas y otras acciones que puedan garantizar el cobro de la reparación civil.

—¿No teme que el gobierno intente presionarlo o tener injerencia en sus acciones al frente de la PGE? Por ejemplo, a la División de Búsqueda de la Digimin, que dirige el coronel Colchado, le redujeron el 25% de su presupuesto.

Efectivamente, esta podría ser una posibilidad, pero esto no lo puedo determinar hasta no hacer una evaluación y poder tener a ciencia cierta la información sobre con qué presupuesto contamos y si es el que deberíamos tener. Repito esta es una institución nueva y tiene como misión apoyar a todas las procuradurías a nivel nacional, entonces sería lamentable que el presupuesto se recorte y ese propósito no se cumpla, porque vamos a tener a una Procuraduría General que formalmente nació, pero que nunca se desarrolló ni fortaleció por este tipo de inconvenientes.

—Existe un antecedente, el gobierno lo destituyó en febrero solo por denunciar al presidente Castillo por la licitación del puente Tarata. ¿Qué puede pasar el día que usted pida medidas sobre sus bienes? ¿No cree que ahí vendrán las presiones?

Honestamente espero que el Estado de Derecho no se siga degradando, porque el Estado de Derecho implica cumplir la ley y que cada uno actúe de acuerdo a sus competencias, si esto no se da sería una situación lamentable. Yo espero lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Que las instituciones actúen de manera profesional y que se les permita cumplir sus funciones. Tenemos que estar optimistas porque de otra manera no tendría sentido ni propósito las cosas que realizamos.

Entrevista producida y publicada por el diario El Comercio