Redacción HC

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica  consiguió que se dicte una sentencia de terminación anticipada de 29 años y dos  meses de pena privativa de la libertad efectiva contra Shayra Sandy Hernández Puza, como autora del delito contra la libertad personal, en la modalidad de  secuestro agravado, en agravio de una recién nacido. 

 

En el marco de la investigación, se recabaron elementos de convicción que  acreditaron la culpabilidad de la ahora sentenciada. En consecuencia, en la etapa  intermedia y durante la audiencia de control de acusación, la fiscal adjunta provincial  Mónica Pisconti Flores sustentó el caso de tal manera que la defensa técnica solicitó  la aplicación del mecanismo de terminación anticipada, admitiendo la totalidad de  los cargos formulados por el Ministerio Público. 

 

 

 

Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2025 en las  instalaciones del Hospital Augusto Hernández Mendoza – EsSalud. Hernández  Puza ingresó al área de maternidad vestida con indumentaria del personal de salud.  Aprovechando esta condición, entró a la habitación de una madre que descansaba  junto a su bebé y, bajo el pretexto de cambiarle los pañales, logró que le entregara  al menor. 

 

Con la bebé en brazos y sin levantar sospechas, la mujer abandonó el nosocomio  por la puerta de emergencias y abordó un taxi con rumbo a su domicilio, ubicado en  el distrito de Parcona. Tras activarse los protocolos de búsqueda e iniciarse las  indagaciones fiscales y policiales, los agentes del orden la localizaron en su  vivienda, donde la hallaron en estado de shock, llorando y sosteniendo a la recién  nacida. 

 

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica  impuso la drástica sanción penal y fijó, asimismo, la suma de S/. 5,000.00 soles por  concepto de reparación civil, monto que la sentenciada deberá abonar a favor de los  padres del menor afectado. 

Con este resultado, el Ministerio Público reafirma su compromiso funcional de  persecución del delito y la protección de los sectores más vulnerables de la  sociedad, garantizando que hechos que atenten contra la libertad y la integridad de  los menores no queden impunes.