El 28 de mayo del año pasado, la congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, presentó una denuncia constitucional contra Boluarte por presunto abandono del cargo presidencial durante 12 días tras someterse a una intervención quirúrgica en 2023. 

Para Luque, la presidenta ha cometido infracciones a la Constitución y debe ser inhabilitada 10 años de la función pública.

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El problema es que se ha topado con una barrera: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. En lo que va de este quinquenio, esta subcomisión, encargada de investigar y acusar a altos y exaltos funcionarios, está liderada por parlamentarios de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), uno de los grupos políticos aliados del gobierno de Boluarte.

Cirugías pasan por alto. Las intervenciones de los congresistas, aunque no son quirúrgicas, tapan las investigaciones contra Dina Boluarte.

Cuando Luque presentó su denuncia constitucional, la presidenta de la subcomisión era Lady Camones, congresista de APP. Luego del periodo 2023-2024, Camones dejó ese cargo. Su colega de bancada María Acuña, hermana del presidente de APP, César Acuña, asumió la presidencia de la subcomisión.

Congresista María Acuña es elegida presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el Periodo Anual de Sesiones 2024-2025.

Para que avance el caso contra Boluarte, la subcomisión debía primero de dar cuenta del ingreso de la denuncia constitucional y luego elaborar un informe de calificación para decidir el trámite del juicio político. Pero todavía este caso no ha sido discutido. Esto motivó diversos pedidos de Luque.

La congresista Luque le envió un oficio a Acuña para que avance su denuncia constitucional. Acuña, sin embargo, no lo hizo. El 24 de marzo de este año, la congresista Luque volvió a enviar otra solicitud, pero sin éxito. El 5 de mayo de este año, por tercera vez, presentó otro documento más para requerir la agilización de este juicio polítco.

Luque contó que el viernes conversó con Acuña. “Le pregunté por la denuncia constitucional y me dijo que se trabaja conforme orden de llegada (…). Agregó que tienen muchas denuncias constitucionales de periodos pasados”, dijo.

Mañana, la congresista irá a la SAC a buscar que tomen en cuenta sus pedidos. “Me parece una falta de respeto que ni me respondan”, lamentó.

El 5 de mayo, mientras Luque envió su tercera solicitud a Acuña, su colega de bancada Carlos Zeballos presentó una nueva denuncia constitucional contra Boluarte por presunta omisión de funciones al no informar al Congreso sobre sus cirugías.

La denuncia constitucional toma en cuenta las declaraciones del médico Mario Cabani a Cuarto Poder en las que detalla las intervenciones a las que se sometió Boluarte que fueron con fines estéticos. Zeballos también pide que Boluarte sea inhabilitada de la función pública por 10 años.

Fuentes de la subcomisión aseguran que las denuncias constitucionales de Luque y Zeballos serán acumuladas, pero todavía no precisan cuándo será discutida lz admisión a trámite. Mientras no haya un informe de calificación aprobado, el caso no avanzará.

Este diario llamó por teléfono y le escribió a la parlamentaria Acuña, pero al cierre de esta nota no respondió. Las cirugías no es el primer caso que llega a manos de la subcomisión, antes fueron investigadas las muertes en las protestas y el Rolexgate, pero terminaron en el archivo.

Fujimorismo blindó a Dina Boluarte

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encomendó a la congresista fujimorista Nilza Chacón elaborar el informe final sobre la denuncia constitucional por el caso Rolexgate. Chacón concluyó que el caso debe archivarse. Los miembros de la subcomisión aprobaron esta propuesta que desestima la indagación de la Fiscalía de la Nación.