Por: Luis E. Forero Medina - Abogado/Especialista en Saluderecho

Con una moción contra la violencia a la mujer de  88 palabras, emitida por el Pleno el 2 de noviembre pasado,  el Congreso del Perú pretende tapar el sol con un dedo. El Parlamento  en ese documento se compromete a dictar las “medidas para eliminar cualquier forma de violencia hacia ella”.

Aunque una  congresista afirme lo contrario, esa proposición no pasa de “letra muerta” o simplemente “un papel que firmamos para quedar bien con la prensa”. Lo que hay que hacer es legislar, afirmó otra parlamentaria.

La guerra contra el femenicidio debe ser una acción articulada entre los tres poderes de un Estado; el Legislativo dictando normas severas para los autores de esos delitos; el Judicial para aplicar la ley sin favorecimiento alguno para el agresor, y el Ejecutivo para implementar políticas preventivas y rehabilitadoras de ese delito.

En el Perú desde el 3 de abril de  1991 rige el Código Penal, que algunos califican de “infame”. Ese cuerpo jurídico contempla por el delito de femenicidio, penas  privativas de libertad  no menor de quince años. En Bolivia es de 30 años, en Ecuador 35 años; en Chile los que asesinan mujeres deben estar 40 años presos, y en Colombia hasta medio siglo. En Brasil las penas por asesinato de mujeres pueden ser de 30 años o del doble, de acuerdo a circunstancias de agravación.

Recientemente algunos países latinoamericanos han venido dictando leyes contra el femenicidio;  Chile lo hizo en 2010, Bolivia  en 2013, Brasil y Colombia en 2015. En Ecuador el pasado mes de agosto el presidente Moreno presentó un  proyecto de  Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar toda la forma de Violencia contra la Mujer.

En el Perú  el Código Penal fujimorista, sigue inmodificable por década y media respecto a  las penas contra el feminicidio; situación que sería una de las causas en el  aumento de este delito.

Otras  son el machismo y  la alarmante impunidad en varios países latinoamericanos. En el Perú “la impunidad no solo se produce cuando los asesinos de estas mujeres son absueltos, sino también cuando estos reciben una sanción que no es equivalente a la gravedad de los hechos de violencia cometidos”, dijo la Defensoría del Pueblo del Perú. La impunidad también “favorece su perpetración y la aceptación social del fenómeno”, estima la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, y el Congreso de la República elegido después de noviembre de 2001, han sido indiferentes a esta problemática, al no proponer y  emitir leyes severas para los asesinos y maltratadores de la mujer.

En el Perú,  siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de sus parejas;  y sólo la tercera parte  de víctimas de violencia de género  denuncia a sus agresores,  según el  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo, respectivamente.

El Perú, después de Etiopía y Bangladesh, ocupa el tercer puesto en el mundo en incidencia de delitos de violencia contra la mujer infligida por su pareja según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

@luforero4