La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) se pronunció en rechazo de la reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar a Oswaldo Ordóñez como juez del Poder Judicial, por "no superar la evaluación referida a su conducta", en la que obtuvo una calificación "deficiente".

Como se sabe, la evaluación de la JNJ se enfocó en la participación de Ordóñez Alcántara, en calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, en la audiencia regional de la CIDH titulada “Situación de la independencia judicial en las Américas”, realizada el 13 de noviembre de 2024. 

En el evento, el juez indicó que en el Perú "la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público".

Al respecto, la JNJ consideró que lo señalado por Ordóñez genera dudas respecto a su imparcialidad, pues en su condición de juez superior en materia constitucional le corresponde resolver procesos vinculados a dichos poderes del Estado.

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"Lo consideramos un avasallamiento terrible a la independencia del Poder Judicial"

Al respecto, Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la FLAM, en diálogo con RPP, consideró la no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez como "un avasallamiento terrible a la independencia del Poder Judicial". Además, consideró que los motivos de la JNJ que sustentan su decisión violan normas no solo nacionales sino internacionales.

"Hemos tomado conocimiento también de los motivos por los cuales no se le estaría ratificando, y hay una violación no solo a la independencia del Poder Judicial, hay una violación a un sinnúmero de normas constitucionales propias del Perú, así también de normas internacionales que respaldan no solo el derecho asociativo de los jueces para participar, sino en el deber y en el derecho de pronunciarse cuando entienden que hay circunstancias que están afectando la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y las normas constitucionales que, para empezar solamente con las normativas locales de Perú, están reconocidas en el artículo 2.4 de la Constitución de Perú, sobre la libertad de expresión a los magistrados", explicó. 

"Empecemos por el artículo 2.4 de la Constitución del Perú, que habla de la libertad de expresión, no solo de los jueces, de todos los ciudadanos del Perú. Pero, en segundo lugar, el artículo 43 de la Constitución del Perú está dando el lineamiento de cuál es la organización del Poder Judicial en el Perú, en donde establece que es una república democrática, social, independiente y soberana, que se encuentra organizada por el principio de la separación de poderes, y estamos violando la separación de poderes, porque estamos introduciéndonos en cuestiones propias que hacen al Poder Judicial, no respetando la independencia del Poder Judicial, y donde se sanciona a un magistrado por haber realizado una actividad propia de su función con muchísimo respeto, porque yo participé justamente en esa reunión de la CIDH", enfatizó.

En ese sentido, Gallo Tagle señaló que "hay un sinnúmero de normas en donde se establece la libertad de asociación" y "el derecho a expresarse" de los jueces.

"Nosotros tenemos este reconocimiento, primero y principal, en el Estatuto del Juez Iberoamericano, el cual se dictó con la participación de los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales de Justicia de toda la región. Esto es del año, más o menos, 2001, cuando se reunieron, y entre otras cosas, lo que se reconoció en el artículo 36 de ese estatuto, es el derecho a la libre asociación de todos los magistrados. De la conformación de ese estatuto, participaron los presidentes de las Cortes de Iberoamérica", destacó.

"También hay otras normas, como por ejemplo la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde también está reconocida no solo la libertad de expresión también está reconocida la libertad de asociación", agregó.

Fuente: RPP