La Junta Nacional de Justicia decidió, este jueves 30, no ratificar al juez Oswaldo Ordóñez por «no superar evaluación referida a su conducta».

En noviembre de 2024, en una sesión que tuvo como tema principal la «Situación de la independencia judicial de las Américas», el magistrado Ordoñez señaló ante la Comisión IDH:

"En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público.

¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público, maniatando a los jueces y fiscales, en su lucha contra el crimen organizado, y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos."

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La ponencia que recomendó este jueves 30 la no ratificación fue aprobada por Cayo Galindo, Germán Serkovic, Víctor Chanduví, mientras que Gino Ríos y María Teresa Cabrera también la aprobaron pero elaboraran un «voto singular». Francisco Távara y Jaime de la Puente votaron por ratificar a Ordóñez Alcántara.

Durante su informe oral ante la JNJ, Ordóñez advirtió que estas declaraciones están siendo investigadas en otro procedimiento de investigación disciplinaria en el mismo organismo. En ese sentido, argumentó que valorarlas en el proceso de ratificación vulneraría el principio de ne bis in idem. No obstante, la JNJ desestimó este argumento.

La evaluación del procedimiento se centró en la participación de Ordóñez en la audiencia de la Comisión IDH desarrollada el 13 de noviembre de 2024. Cayo Galindo, ponente de la JNJ, estableció que estas expresiones poseen connotación política y afectan la apariencia de independencia e imparcialidad del magistrado.

Galindo argumentó que los magistrados asumen limitaciones que los obligan a mantenerse al margen de debates de índole político-partidaria. «El principio de independencia que rige la función jurisdiccional impone pues marcar absoluta distancia con cualquier organización, partido, proyecto político, pues si este asume alguna posición política públicamente pone en el cuestionamiento su independencia», afirmó el miembro de la JNJ respecto a la conducta del evaluado.

La ponencia precisó que Ordóñez, en su condición de juez superior en materia constitucional, resuelve habitualmente procesos de amparo donde el Poder Ejecutivo y el Congreso figuran como partes demandadas. Galindo indicó que las acusaciones de Ordóñez contra estas instituciones generan dudas justificadas sobre su labor.

El ponente señaló que este hecho «constituye una razón fundada para dudar de [su] imparcialidad en los procesos en los que tiene el encargo de controlar la constitucionalidad de los actos administrativos emanados del poder ejecutivo, así como de la actividad legislativa del Congreso».

En el componente de idoneidad, que pondera la calidad de las resoluciones, la celeridad y la gestión del proceso, el juez alcanzó un puntaje de 81.356. No obstante, en el rubro de conducta obtuvo la calificación de insuficiencia. La sustentación técnica determinó que el puntaje aprobatorio en idoneidad no resulta determinante por sí solo y exige una ponderación conjunta e integral con el resultado desfavorable del rubro de conducta.

El análisis integral del expediente concluyó que el magistrado inobservó los principios de mesura, objetividad y veracidad. «No ha superado la evaluación referida a su conducta donde ha obtenido una calificación de insuficiente para motivar su ratificación en el cargo», declaró Galindo al finalizar su exposición. En consecuencia, formuló la propuesta resolutiva de no ratificación.

Mira la transmisión de la sesión completa AQUÍ:

Colegio de Abogados de Lima

CAL rechaza “patrón de hostigamiento” de la JNJ y respalda a juez Oswaldo Ordóñez, quien no fue ratificado en el cargo. Compara el caso del magistrado con el de los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

 La no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez configura una represalia por denunciar las leyes procrimen ante la CIDH. Esta decisión compromete la independencia judicial y vulnera estándares internacionales que protegen a quienes acuden al sistema interamericano.